Se conoce como “fundamentalismo” a toda corriente que promueve la interpretación literal de textos sagrados considerados como la base fundacional de una cultura o un pueblo, como son la Torah, la Biblia o el Corán. En algunos casos, han surgido como reacción a los excesos de la vida moderna, pretendiendo regular la vida en comunidad, el uso de vestuarios, consumo de bebidas, alimentos, o en general determinadas costumbres o comportamientos sociales.

En el Ecuador estamos tratando de aplicar un tipo raro de fundamentalismo criollo, que no tiene justificación ni mejora o resuelve nada. Impedir el libre albedrío y el ejercicio de las libertades individuales constituye una severa limitación a los derechos de cada ciudadano de vivir en libertad. Regular los días de la semana que podemos ingerir bebidas alcohólicas, restringir la clase de espectáculos a los que podemos asistir, negar a muchos el derecho de presenciar peleas de gallos o corridas de toros, prohibir la operación de casinos o salas de juegos debida y legalmente organizados, restringir quiénes pueden o no invertir en distintos negocios, todo constituye un atropello e injustificable retroceso.

La mal dada sentencia y exigencia para que, en menos de 48 horas, Cervecería Nacional (CN) pague $90 millones más intereses, sin que se haya estudiado la procedencia de dicho reclamo ni determinado o examinado ninguna prueba, basándose solamente en el antecedente funesto de que un ministro anterior ya aceptó similar reclamo de los trabajadores de Holcim, es un grave atropello jurídico contra uno de los mejores contribuyentes y generador de riqueza, una de las principales empresas de este país.

Se trata de una multinacional de reconocida solvencia y líder en el negocio cervecero a escala mundial, presente en más de 60 países. Producto de la fusión de dos grupos cerveceros, SAB de Sudáfrica y Miller de los Estados Unidos, con ingresos de $26 500 millones y utilidades de $5 000 millones, respectivamente. Aunque centenaria, CN del Ecuador es apenas un apéndice muy pequeño, fundada en 1887, habiendo pasado por diversos dueños; en las ultimas tres décadas, fue adquirida primero por el grupo Bavaria de Colombia en 1983 y por SAB Miller en 2005.

El Ecuador afronta crónicamente un déficit de energía desde hace dos décadas, cuando comenzamos a sufrir cortes obligados en el suministro de electricidad o severos racionamientos durante períodos de estiaje que perjudican el desenvolvimiento normal de actividades y la producción de bienes y servicios de nuestra economía. Irónico, siendo un país que potencialmente podría exportar energía, tal como hacen Colombia y el Perú.

Igual, tenemos un problema serio de abastecimiento y altos subsidios de combustibles, a pesar de ser un país productor de petróleo. Por deficiente operación de nuestras refinerías y falta de inversión en el sector, debemos importar gran parte de los combustibles que necesitamos, ocasionando al país un costo gravoso por esa operación que implica doble flete, exportar crudo e importar refinados, incluyendo el gas que se necesita tanto para uso doméstico como industrial o comercial. Lo anterior, en gran parte por la miopía de pretender monopolizar la producción y la distribución a través de empresas estatales, que después de casi cuatro décadas han demostrado ser ineficientes y fuentes de excesiva corrupción.

El discurso del presidente Correa en el reciente foro empresarial organizado por la prestigiosa firma Bloomberg, invitando a los empresarios nacionales y extranjeros a invertir en el Ecuador, es un buen gesto, una buena señal, un gran y primer paso. Es reconocer que, durante cuatro años, el Gobierno equivocó su política anterior al haber despreciado la inversión extranjera y desestimado la inversión nacional. Pero palabras no son suficientes, porque corren el riesgo que quedarse en simples enunciados retóricos.

Primero, debe comenzar suspendiendo la consulta popular, por ilegal y amañada, por no respetar la Constitución vigente y por todos los propósitos ocultos, de dominar la administración de Justicia, los medios de comunicación y someter a un régimen de terror a todo el país con la pretendida ley y controles arbitrarios para combatir la corrupción y los enriquecimientos ilícitos. Los empresarios nacionales y, con mucha más razón o precaución, los extranjeros prefieren invertir en países en los que exista seguridad jurídica, en los que los jueces y las cortes sean independientes y sus regímenes políticos y procedimientos sean auténticamente democráticos.

Venezuela pierde mucho más que el Ecuador por subsidiar el consumo de combustibles y los convierte en los más baratos del mundo. “En comparación con el costo de producción, el subsidio es más de $1 500 millones”, respondió Rafael Ramírez, ministro de Energía y Petróleo, durante el programa dominical de televisión del presidente Chávez, transmitido desde el estado Vargas.

En Venezuela, el galón de gasolina cuesta menos de ocho centavos al cambio oficial o la mitad al tipo de cambio libre. Un tanque de 25 galones se llena con menos de $1.. Una botella de agua cuesta 30 veces y un café expreso 50 veces más. Un usuario puede dejar propina al que limpia el parabrisas más dinero del que paga por el combustible de su vehículo.

El Gobierno nos tiene acostumbrados al juego de “la bolita”, aquel común ejercicio de adivinanza y distracción muy frecuente en parques y plazas, mediante el cual tienen a todos atontados queriendo descubrir dónde se encuentra la ficha, y nadie acierta, mientras, en hábil juegos de manos, el conductor nos cambia la bolita de un lado a otro.

Así, nos tienen cuatro años de tema en tema siguiendo la bolita, cambiando a voluntad el tema en cuestión, haciéndonos creer en los casos, que cada uno es vital para la vida nacional cuando, en realidad, no lo es. Este año es el de la consulta popular.

Así, hemos asistido a diferentes procesos electorales y consultas ciudadanas creyendo que, en cada uno, se jugaba el futuro del país. En la práctica, es tenernos distraídos mientras el Gobierno consolida su poder o retoma fuerzas para prolongar su permanencia en él.

Con motivo del 63.° aniversario de la Comisión de Tránsito del Guayas (CTG), se presentó un valioso libro que contiene la historia de tan noble y decana institución, habiéndose aprovechado la ocasión para rendir un justo homenaje al patrono fundador de la institución, Carlos Julio Arosemena Tola, en ese entonces, 29 de enero de 1948, presidente constitucional del Ecuador.

El libro dispone de amplia información y reproduce los antecedentes y logros de ese cuerpo policial, que fue modelo en el control del tránsito para el resto de provincias y para otras ciudades y regiones de países hermanos. Prontamente se ganó el respeto y reconocimiento de la ciudadanía en general. Por muchos años, fue una institución respetable y respetada por todos, hasta que los Gobiernos centrales le fueron sucesivamente “metiendo mano” y la convirtieron en otra más de las instituciones centralizadas y politizadas, con todos los vicios de ineficiencia y corrupción que distinguen a la mayoría de instituciones estatales.

Saturno, dios de la mitología romana, tras derrocar a su padre, obtuvo de su hermano mayor Titán, el favor de reinar en su lugar. Titán le exigió que debía matar a toda su descendencia, para que la sucesión del trono se reservase a sus hijos. Después de perder varios hijos, su esposa salvó de tan terrible fin a Júpiter. Éste, una vez adulto, hizo la guerra a su padre, derrotándole y expulsándole del cielo.

Manuela Gallegos, ex colaboradora del régimen, convoca a la ciudadanía, a no dejarse engañar con la consulta, a defender con decisión la revolución y el proceso de participación ciudadana, a “no permitir que se devore a dos de los principales hijos de esta revolución, que son el Consejo de Participación Ciudadana y la propia Constitución”.

En contabilidad, todo balance debe cuadrar, caso contrario, está mal. En finanzas públicas, no se debe gastar más de los ingresos y nunca sobre la capacidad real de endeudamiento. De otro modo, hacerlo es una grave irresponsabilidad, igual pretender que una deuda no existe o no es tal. Los Cetes recién emitidos no se contabilizarán como deuda de acuerdo al nuevo Código de Finanzas. Disimular, acomodar cifras, endeudarse más allá de las posibilidades de un país, ponen en riesgo el desenvolvimiento sano de la economía y el bienestar del conglomerado social. Deber encima de la capacidad de pago, o hacerlo en términos onerosos, traiciona la confianza de los ciudadanos y perjudica a las generaciones futuras que sufrirán obligadamente las consecuencias.

Recién hace pocas décadas pudimos librarnos de la pesada carga que significó por casi dos siglos la deuda de las guerras de la Independencia. El propio Bolívar comentaba con sorna y dudaba del verdadero destino de esos fondos, dando a entender que, en su negociación y en el uso de ellos, se habían producido algunas irregularidades y manejos poco claros.

El Preal, Fundación Ecuador y Grupo El Faro presentaron al país un segundo informe de progreso educativo del Ecuador. El primero se presentó cuatro años atrás. Se ha mejorado la cobertura de escolaridad y los niños que inician logran completar los primeros seis años de educación básica. Sin embargo, muchos niños todavía no tienen acceso a la educación inicial y solo la mitad accede a educación secundaria, y de los que ingresan, apenas 50% se gradúa de bachiller. El promedio de escolaridad de ecuatorianos es de 9 años.

La calidad de la educación sigue siendo el principal problema, las calificaciones obtenidas en los exámenes estandarizados que se hacen en diversos países para medir y comparar el grado de calidad de las educación que reciben demuestran que el Ecuador, en vez de mejorar, ha retrocedido, textualmente, una de las conclusiones reza así: “Las calificaciones obtenidas en pruebas nacionales como internacionales son muy bajas. No parecen haber mejorado a lo largo del tiempo, lo cual, comparado con los (mayores) recursos invertidos, puede ser percibido como retroceso”.