La mal dada sentencia y exigencia para que, en menos de 48 horas, Cervecería Nacional (CN) pague $90 millones más intereses, sin que se haya estudiado la procedencia de dicho reclamo ni determinado o examinado ninguna prueba, basándose solamente en el antecedente funesto de que un ministro anterior ya aceptó similar reclamo de los trabajadores de Holcim, es un grave atropello jurídico contra uno de los mejores contribuyentes y generador de riqueza, una de las principales empresas de este país.
Se trata de una multinacional de reconocida solvencia y líder en el negocio cervecero a escala mundial, presente en más de 60 países. Producto de la fusión de dos grupos cerveceros, SAB de Sudáfrica y Miller de los Estados Unidos, con ingresos de $26 500 millones y utilidades de $5 000 millones, respectivamente. Aunque centenaria, CN del Ecuador es apenas un apéndice muy pequeño, fundada en 1887, habiendo pasado por diversos dueños; en las ultimas tres décadas, fue adquirida primero por el grupo Bavaria de Colombia en 1983 y por SAB Miller en 2005.
Es líder en el mercado cervecero nacional desde hace mucho tiempo, emplea a 1 450 personas en forma directa. Tiene más de 100 mil puntos de venta que, sumados a proveedores, distribuidores y transportistas, genera trabajo indirecto a medio millón de personas.
Es justificada su resistencia a no dejarse extorsionar por un grupo de dirigentes, abogados y jueces que están lucrando a manos llenas en este reclamo ilegal y muy discutible, por haber sido empleados tercerizados en un lapso que la legislación lo permitía.
Según el orden jurídico vigente, estos reclamos deben ventilarse individualmente ante jueces especializados del Trabajo, estableciendo en cada caso la relación laboral y el hecho de que el pago de utilidades no fue satisfecho oportunamente. Dado que, por esa vía, las opciones para obtener un pronunciamiento favorable son mínimas, han optado por un reclamo administrativo ante el Ministerio del Trabajo y un amparo constitucional, lo cual es totalmente antijurídico y un precedente de graves consecuencias.
Si CN cede ante esta ilegal exigencia, al igual que equivocadamente hizo Holcim, ya están listos los reclamos de trabajadores de múltiples empresas, no por una centena de millones, sino por varios miles de millones, aduciendo el mismo argumento de que no se puede discriminar y que si ya una o dos empresas pagaron, les corresponde también pagar a todas las demás. Mucho más felices que los propios trabajadores que recibirán, cada uno, unos cuantos miles, serán los agentes detrás de este negocio, que se verán beneficiados por millones en cuantiosas comisiones.
La certeza jurídica que todo empresario exige antes de invertir en un país, de una seria e independiente administración de Justicia, ateniéndose a la legislación vigente, quedará en serio entredicho y constituye un pésimo precedente en este país, que tanto necesita de nuevas inversiones.
Tomado de: http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/inseguridad-juridica-2-464899.html
