El discurso del presidente Correa en el reciente foro empresarial organizado por la prestigiosa firma Bloomberg, invitando a los empresarios nacionales y extranjeros a invertir en el Ecuador, es un buen gesto, una buena señal, un gran y primer paso. Es reconocer que, durante cuatro años, el Gobierno equivocó su política anterior al haber despreciado la inversión extranjera y desestimado la inversión nacional. Pero palabras no son suficientes, porque corren el riesgo que quedarse en simples enunciados retóricos.
Primero, debe comenzar suspendiendo la consulta popular, por ilegal y amañada, por no respetar la Constitución vigente y por todos los propósitos ocultos, de dominar la administración de Justicia, los medios de comunicación y someter a un régimen de terror a todo el país con la pretendida ley y controles arbitrarios para combatir la corrupción y los enriquecimientos ilícitos. Los empresarios nacionales y, con mucha más razón o precaución, los extranjeros prefieren invertir en países en los que exista seguridad jurídica, en los que los jueces y las cortes sean independientes y sus regímenes políticos y procedimientos sean auténticamente democráticos.
El Gobierno debe rectificar con hechos concretos, con modificaciones a las leyes y reglamentos vigentes. Ni los nacionales, menos los extranjeros invertirán en un país donde la administración tributaria es totalmente sesgada, donde tienes que pagar previamente la totalidad de las glosas antes de presentar tu reclamo o la demanda contra el Estado. Un país que cobra impuestos mínimos prefijados con anterioridad, ganes o pierdas con tu negocio o tu inversión. Donde los pagos o retenciones en exceso pierden vigencia y no los puedes descontar en ejercicios futuros o reclamar su devolución. Esa política es injusta y confiscatoria de recursos y dineros ajenos, significa descapitalizar los negocios y debilitar las empresas.
Tampoco se puede invertir en países en los que no existen flexibilidad laboral ni mecanismos de contratación temporal, por horas o jornadas o temporadas de mayor necesidad de personal u horas hombre. En los que existe doble responsabilidad de jubilación y se penaliza al buen trabajador que recibe menores liquidaciones que los malos colaboradores que son despedidos y terminan con mayores o mejores liquidaciones. Tampoco en los que los conflictos laborales se alientan desde el propio Gobierno, como en el caso de la compañía Erco de Cuenca y algunas otras que prefiero no mencionar.
El Gobierno debe revisar sus políticas, sincerar su actitud con la inversión extranjera, con las compañías petroleras internacionales, con la inversión minera y las concesiones de carreteras, permitir la inversión privada en hidroeléctricas y empresas de generación que utilicen derivados pesados o gas, la operación privada de puertos, refinerías y aeropuertos, abrir el país al turismo internacional, dar incentivos tributarios a cierto tipo de inversiones, que lo necesitan en las áreas turística, forestal, energética.
Tomado de http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/nuevas-inversiones-462254.html
