A propósito de la recordación de la matanza de los obreros guayaquileños en 1922, el pasado 15 de noviembre el presidente hizo el anuncio de un paquete de enmiendas para el Código del Trabajo.
Bien por la iniciativa de reformas al Código y dejar de lado esa utópica fantasía de querer aprobar vía Asamblea un nuevo proyecto de Código Laboral, el cual desde su presentación fue un fracaso. Lo coherente e inteligente, como acertadamente se hace ahora, es reformar nuestro arcaico código con propuestas sociales y tutelares vinculadas a lo transversal que tiene nuestra Constitución.
Mientras escribo estas líneas, conozco lo que la mayoría de ecuatorianos, únicamente los cinco puntos en los que el primer mandatario dividió las enmiendas: profundización del derecho de estabilidad, búsqueda de la equidad, modernización del sistema laboral, democratización de la representación laboral y la universalización de la seguridad social.
Sobre el primer punto considero acertada la creación de un despido nulo “para las mujeres en estado de gestación y para los dirigentes sindicales”. Eso es lo que se conoce en el derecho laboral internacional como despido discriminatorio. El tratamiento que otras legislaciones (como la argentina) le dan al despido discriminatorio es la nulidad del acto y la reinstalación o readmisión del trabajador, en el ámbito del empleo privado.
En esa misma línea, la doctrina internacional se ha ido encaminando, paulatinamente, hacia la admisión de la sanción de nulidad del despido discriminatorio y reincorporación del trabajador. La sanción debe ir de la mano con la nulidad del acto ilegal, pues así lo ordena claramente el artículo 11 numeral 2 de nuestra Carta Suprema, cuando dice que “la ley sancionará toda forma de discriminación”; y cuando nos habla de la prohibición de discriminación, ella no solo hace referencia a las mujeres embarazadas y a los dirigentes sindicales, sino a varios casos más, y es coherente que por lo transversal de los derechos sociales estos también entren como parte del debate de los despidos discriminatorios propuestos por el Ejecutivo.
