Ni del encuentro presidencial ni del VII Gabinete Ministerial Binacional, realizado entre los vecinos Ecuador y Perú, se escapó el tema del momento: la minería ilegal.
Los presidentes Rafael Correa y Ollanta Humala destacaron como uno de los temas decisivos para el desarrollo de ambas naciones la lucha contra la minería ilegal, la cual, desde luego, va de la mano con el comercio de drogas y el tráfico de armas.
En días pasados, un grupo de militares fue atacado por las llamadas “mafias” que se dedican a la extracción ilegal de mineral, en un operativo que tuvo como resultado varios militares heridos, además de un indígena shuar fallecido.
El tema de la minería ilegal no es nuevo y por ello la Agencia de Regulación y Control Minero lleva a cabo constantes controles en las provincias de Imbabura, Guayas, Chimborazo, El Oro, Loja, Azuay, Morona y Zamora Chinchipe para combatirla.
Pese a las acciones de control que claramente ejerce la autoridad, la minería ilegal no decrece, va en aumento; y la razón es el alto precio de los minerales, los cuales se escapan por las fronteras sin que las autoridades pueden detectarlo.
Luchar contra la minería ilegal es un trabajo duro, pues puede ser confundida con la minería artesanal, que se encuentra permitida en nuestra legislación.
Tanto los mineros informales como los artesanales no tienen mayor interés en legalizarla, pues hacerlo les significaría una menor rentabilidad, les tocaría pagar impuestos, regalías, patentes, seguro social, etc., con lo cual sus altísimas ganancias se verían mermadas.
A la minería ilegal debe atacársela en su raíz, con el diálogo social y la reducción de impuestos, para así hacer atractiva la legalización, tanto a los informales como a los artesanales, y de esta manera poder identificar correctamente a los mineros ilegales y aplicar sobre ellos la mano dura de la ley.
