26 abril, 2024

¿A quién perjudican?

¡Hay acciones que, por más justificativos que tengan, no pueden permitirse!

Me refiero a esas actuaciones en las que, al realizarse, se perjudica a una gran parte de le la población. Un ejemplo que estamos viviendo, el paro parcial de transportes, al fin, acaba de terminar. Por un problema económico (querer subir el pasaje), los transportistas reclamaron al Gobierno anterior, y al no ser atendido su reclamo, los buseros decidieron trabajar parcialmente, es decir, trabajar hasta el mediodía, para evitar el reclamo de los industriales y los empresarios, pues los empleados podían llegar a su trabajo, más a la hora de salida, no había transporte para regresar a sus hogares.

Este tipo de atropello ciudadano, debe ser penado por la ley. Los transportistas deben buscar el diálogo con las autoridades, plantear su reclamo, y hablar, discutir con el Gobierno. El Gobierno podrá decidir, si cede a las demandas y permite la subida de los pasajes, o si pone unas líneas te transporte municipales, pero no puede permitirse este atropello al pueblo.

En general, se permite este tipo de agresiones, con facilidad. Debe llamársele la atención a los guardianes de la ley, por permitir este abuso. ¡Esto debe acabar! No es posible que se perjudique a la gran mayoría por el deseo, con o sin razón de una parte minoritaria de la población.

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El 18 de diciembre expuse ya mi criterio respecto al monumento de LFC. No me gustaba la obra en su ejecución artística, ni el lugar seleccionado por incoherencia histórica y arquitectónica, y expresé además, que el gobierno central no podía inmiscuirse. Dos meses más tarde encuentro más y más torpezas respecto al mismo tema, y es que cuando están subyacentes e implícitas consecuencias políticas vamos obligatoriamente a polemizar en beneficio de los propios odios, tendencias o afectos. Y tratándose de un personaje como lo fue LFC era de prever lo ácidas que serían las acciones y reacciones.

Opiné también que ningún ministro o ministra nombrado a dedo puede inmiscuirse en las atribuciones del Concejo y de un Alcalde elegidos en las urnas para regentar el urbanismo de una ciudad determinada. Caso contrario sería mejor, como sucedió durante la dictadura militar de los setenta, que fuese el mismo poder ejecutivo quien nombre directamente a quienes representan a la ciudad y a las provincias. Opiné que los bienes y mobiliarios urbanos son propiedad de la ciudad y representan o deben expresar o reflejar su historia e idiosincrasia. Opiné que mientras este sistema geopolítico rija, y mediante elecciones directas se elijan a sus autoridades seccionales, ninguna ley ni reglamento que se dicte puede permitir la injerencia del gobierno central en estos temas urbanísticos y locales.

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