El artículo 98 de la Constitución de la República, aprobada el 2008 en Montecristi, textualmente dice: “Los individuos y los colectivos podrán ejercer el derecho a la resistencia frente a acciones u omisiones del poder público o de las personas naturales o jurídicas no estatales que vulneren o puedan vulnerar sus derechos constitucionales y demandar el reconocimiento de nuevos derechos”.
De las declaraciones que realizó el Presidente Correa en días pasados, se deduce que nunca estuvo de acuerdo con este derecho consagrado en la Constitución, ya que lo calificó como una novelería que serviría para que los: “opositores hagan cualquier cosa, y que además ya está considerado en los Tratados Internacionales”. Al parecer tenía en mente que este legítimo derecho se convertiría en el futuro en un dolor de cabeza y una piedra en el zapato para los planes y propósitos de la revolución ciudadana.
Los medios de prensa independientes han tenido que acogerse a la resistencia frente a las sanciones que les viene imponiendo la Superintendencia de Comunicación, obligándolos a pedir disculpas públicas por anuncios pagados, así como a la imposición de multas que están afectando sus economías y la de sus directivos. Una suerte de mordaza.
Desde que se aprobó la Ley de Comunicación, se sabía que traería para los Medios escritos, radiales, televisivos, etc., y para quienes ejercen el periodismo en sus diversas modalidades, los inconvenientes que se están dando prácticamente a diario. Algunos directores se pronuncian en el sentido de que lo que se busca con las multas y más sanciones es que cierren, quebrarlos, o en su defecto acallarlos en su línea de crítica y de opinión, vulnerando la libre expresión y el derecho del pueblo de estar informado verazmente.
La Fundación Andina para la Observación y Estudio de Medios (Fundamedios) está en la mira de la Secretaría de Comunicación por que supuestamente se ha desviado de lo que estipulan sus Estatutos. Pretexto que no tiene otro propósito que acallar las voces de protesta de algunos opositores del gobierno que escriben a favor de la libertad de expresión y a la libre manifestación. La Fundación se acogió al Derecho a la Resistencia, pero será inútil, será un simple disparo al aire sin consecuencia alguna, terminarán consiguiendo el objetivo propuesto, la disolución, y tendrán una voz más amordazada.
El Derecho a la Resistencia no podrá ser modificado, peor omitido de la Constitución, está consagrado en muchos instrumentos internacionales. Es un derecho que está muy superior a cualquier ley o normativa, permitiendo a las personas naturales o jurídicas, defenderse de los abusos o atropellos del Poder Público. No obstante, como se ha podido palpar, este gobierno hace caso omiso de aquello que considera un obstáculo para sus propósitos, interpreta la Constitución de acuerdo a su conveniencia.
Estimado Sr. Hidalgo su comentario muy positivo. Ya que el actual gobernante quiere descocer lo que el y sus aliados hicieron. El unico camino que queda al pueblo para expresar su descontento. Felicitaciones.
Y luego el q sabemos se refiere a sus principales detractores como «caretucos». Que ironía.