Asalto a la inocencia

Los ecuatorianos creímos ya haber sido testigos de todas las patrañas posibles que los
actores de nuestra arena política podían utilizar para levantarse con el poder. En nombre
de la gobernabilidad y escudados en extraños preceptos de democracia se han utilizado
componendas, reparticiones de cuotas de poder, entrega de aduanas y de la empresa petrolera
nacional, distribución de las cortes de justicia, compra de votos en la asamblea, embajadas,
cargos burocráticos, etc. Así es como tradicionalmente se ha conservado la mal entendida
constitucionalidad por quienes sustentado los poderes políticos necesarios han impuesto al país
su propio entendimiento de democracia.

No se puede pensar en una democracia sana, en una tierra donde solamente los amigos de quien
ostenta el poder son quienes tienen el derecho y las facilidades de resolver problemas, de ser
oficialmente honestos, de pagar deudas impagables en tiempo record, de exhibir riquezas y
abusar de un poder que algún día pasará factura en formato de revancha. Lamentablemente, esa
es la historia de nuestro retorno a la democracia y del camino que hemos recorrido hasta en estos
días descubrir un novel mecanismo de asalto a la inocencia de los ciudadanos.

La institucionalidad democrática demanda no solamente transparencia e imparcialidad en el
accionar de la institución rectora electoral, además exige pudor y ética de todos los actores.
Valores indispensables en el ejercicio de la autoridad y en el accionar de las organizaciones
que este sistema partidista nos impone para ejercer una democracia que reiterativamente tiene
características de ser artificial, llena de enredos e intereses propios.

En un sistema partidista donde la popularidad del máximo líder del partido de moda es
generalmente alimentada por los errores y la debilidad de propuestas válidas y coherentes
de la oposición, no se puede pensar en desarrollo y progreso, ni a corto, ni a mediano plazo.
Cuando se utiliza las herramientas de la democracia para mejorar la situación de los afiliados
al partido, para saciar ambiciones personales, para pensar en la política como una forma de
sustento o simplemente para disfrutar del poder sin importar si en el camino se atropellan los más
elementales principios y se abusa inmisericordemente de la inocencia ciudadana, el resultado es
un país fraccionado, debilitado, propenso a enfermedades estructurales que lo condenan al eterno
subdesarrollo. Al fracaso de cualquier bien intencionado plan de gobierno. A un estado de idiotez
política perenne.

El escándalo de la falsificación de firmas para fines específicamente electorales no debe ser
tomado a la ligera…ni los ecuatorianos debemos tomarlo con ostracismo, ni las autoridades
deben ser consecuentes con tremendo asalto a la honestidad y la decencia. Menos aún pueden
los movimientos políticos permanecer callados y no denunciar a las autoridades contra quienes
dirigen su dedo acusador. El único actor claramente inocente en esta trilogía de abuso, trampa y
desorganización, como siempre, es la ciudadanía.

Resulta casi insultante escuchar a los movimientos políticos y a las autoridades electorales
culparse mutuamente de una situación tan vergonzosa. Nadie hace un acto de contrición válido,
no se emite una palabra de disculpa ante la ciudadanía que impávida observa desde sus hogares
la triste realidad y debilidad de nuestro sistema de partidos.

Es que acaso debemos resignarnos a creer que Ecuador merece autoridades electorales sin
independencia, sin personalidad, o que solamente podemos pretender a organizar partidos
políticos tramposos que con astucia se beneficien de vacíos legales y de fallas de los organismos
de control.

Pero vivimos en un Ecuador donde los ciudadanos, la juventud, los mandantes, están cada vez
más dispuestos a reclamar, a hacerse escuchar a pesar de las limitaciones que la cotidianeidad les
impone. Estoy seguro en no equivocarme al afirmar, que todos a quienes se nos ha falsificado
las firmas y utilizado para llenar listados tramposos, tenemos la misma sensación de indignación
y de impotencia. Por ahora, no nos queda más que denunciar, que acudir a las autoridades para
deshacer un enredo que nosotros no ocasionamos.

Es necesario castigar este nuevo asalto a la inocencia y que las autoridades nos demuestren que
no les tiembla la mano, ni se les opacan las leyes, cuando el responsable de tremenda infracción
puede ser el líder de un movimiento político o la misma autoridad electoral.