La historia nos recuerda y nos lo manifiesta el diario vivir, que la base esencial de una democracia solidaria, participativa, justa y creativa es la libertad en todas sus expresiones, y desde todas las perspectivas sociales y hacia todas las alternativas posibles de un desarrollo coherente con nuestra realidad.
El gobierno actual, pretendiendo justificar sus desaciertos en la administración del estado y, en consecuencia, buscando protegerse de la fiscalización de sus resultados negativos para la sociedad ecuatoriana, promociona cada vez con más ímpetu: a) la concentración de poderes y de decisiones en el ejecutivo, b) el juego cómplice de la asamblea manipulada en su mayoría por miembros dóciles y genuflexos del oficialismo, c) el manejo irresponsable por uso ilegítimo de espacios televisivos y radiales, mediante cadenas oficialistas de mal gusto y con exclusividad para desprestigiar a los noticieros independientes, d) las cadenas sabatinas mediáticas en donde directamente el ciudadano presidente se abroga para sí funciones que no están explicitadas en la constitución, tales insultar, mentir, denigrar, vituperar, difamar a cualquier ciudadano ecuatoriano, que no está de acuerdo con sus ideas, degradando, además, la imagen de mandatario que, por sindéresis con su elección popular, debería responder con el nivel más alto de responsabilidad, serenidad, seriedad, compostura, madurez.
El ser humano nace libre y es su responsabilidad y su derecho mantenerse en plena libertad social y contribuir para que cada uno y todos los ciudadanos de su comunidad y el mundo se mantengan en dicha condición. La libertad de expresión, en todas sus formas, es consustancial a la libertad en que se nace y, por ningún motivo, en consecuencia, es dádiva de ningún poder establecido.
La constitución ecuatoriana actual considera y determina en beneficio de todas las personas, a) “el derecho a opinar y expresar su pensamiento libremente y en todas sus formas y manifestaciones” (art. 66); b) “el derecho a buscar y recibir, intercambiar, producir y difundir información veraz, verificada, oportuna, contextualizada, plural, sin censura previa acerca de los hechos, acontecimientos y procesos de interés general…”. (art. 18, 1), “acceder libremente a la información generada en entidades públicas, o en las privadas que manejen fondos del estado o realicen funciones públicas…” (art. 18, 2).
Los derechos sociales, colectivos e individuales, están claramente enunciados por los organismos internacionales, con carácter de obligatoriedad en su cumplimiento por los países signatarios. tal, sucede a) con la Declaración universal de los derechos del hombre, aprobada por Naciones Unidas en 1948,que dice “todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas , sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión” (art. 19) ,y b) la Declaración de Chapultepec, de 1998, que igualmente insiste, entre sus 10 principios básicos, pero con particularidad a la actividad periodística, que “toda persona tiene el derecho a buscar y recibir información, expresar opiniones y divulgarlas libremente… nadie puede restringir o negar estos derechos. la censura previa y las limitaciones al libre ejercicio y movilización de los periodistas se oponen directamente a la libertad de prensa… ningún medio de comunicación o periodista debe ser sancionado por difundir la verdad o formular críticas o denuncias contra el poder público”.
Hay que aclarar, además, que la ley a imponerse expresa una confusión total, mezclando la libertad de prensa con la libertad de expresión y con la libertad empresarial para difundir información. Pero, también, enreda la acción profesional del periodista, bloqueando las tareas de su ejercicio en la práctica, mediante amenazas de castigo. A esto se suma que el ámbito de la ley corresponde a todas las formas posibles de relación social, según consta en el art.2, teniendo como objetivo callar la voluntad ciudadana en todo tipo de manifestación pública y privada, que no es otra cosa que recorrer, de nuevo, los típicos pasos del tradicional fascismo (nacional socialismo), fuente de tanta ruindad social, maledicencia humana y corrupción institucional. ¿Permitir, entonces, que este gobierno manipule los derechos y las libertades de la sociedad ecuatoriana, con desvergonzada discreción y torcida arbitrariedad, mediante una supra ley, más allá del bien y del mal, torciendo los destinos de cada ciudadano? De ninguna manera! ¿Olvidarse de que sin libertad no hay justicia y sin justicia no hay equidad posible? Usted, amigo lector, también es parte del problema. Reflexione. Actúe. Denuncie. Tome posición. ¿O aprueba la esclavitud hoy en el siglo XXI?
este artículo deberia ser reproducido por los principales medios ya que ellos no tienen la lucidez para exponer la situación ni la valentia de confrontar la actitud abusiva del mandatario obnubilado por el poder.