Los insumos son todavía limitados y restringidos, pero alarmantemente comprometedores de varios agentes públicos y privados en el más reciente caso de defraudación de la fe pública y otros ilícitos por $532 millones. La sensación, sin embargo, es que más detalles surgirán en la medida que las autoridades y algunos stakeholders continúen resolviendo el affaire entre sí mientras la muy selectiva Fiscalía se mantiene entre investigaciones y otros figurines se ausentan del país por un buen tiempo.
Algunas observaciones y reflexiones: 1. El ISSPOL jamás debió adquirir bonos del Estado pues comprometía la imprescindible diversificación de sus activos, invirtiendo en su mismísimo empleador y generador de sus ingresos; 2. Quienquiera que haya sugerido dicha adquisición, o era un mal operador o tenía intereses en la negociación. Nula idoinedad; 3. Quienes aprobaron la transacción, los directores del ISSPOL, impusieron un criterio subjetivo al invertir en papeles altamente volátiles cuyos rendimientos eran sujetos a una permisiva discrecionalidad gubernamental; 4. La BVG* y la empresa DECEVALE tenían un mismo presidente. Más allá de si hubo o no concusión, existió un inaudito conflicto de intereses; 5. La acusación interna derivada contra un funcionario de DECEVALE no releva de responsabilidades, presumiblemente administrativas, civiles e incluso penales, a la propia empresa y su plana mayor; 6. No se puede intermediar valores sin registro ni catastro, pero sucedió sin impedimento efectivo de las autoridades de control.
*Bolsa de Valores de Guayaquil
