El Carnaval es la fiesta pagana que más personas celebran. Bailes, disfraces y mucha diversión.
El carnaval es una continuidad de los antiguos Saturnales, las festividades romanas que se celebraban en honor al dios Saturno. Con el advenimiento del cristianismo recibió el nombre de carnaval, teniendo como motivo principal el hecho de despedirse de llevar una vida licenciosa durante el tiempo de cuaresma.
Eran tres días de celebración a lo grande, en lo que casi todo estaba permitido; de ahí uno de los motivos de ir disfrazado, taparse el rostro y salvaguardar el anonimato. Hoy en día, esta celebración se ha alargado una semana, comenzando en la mayoría de lugares el Jueves Lardero.
Jueves Lardero es el nombre con el que se conoce en diversas partes de España al jueves en que comienza el carnaval. En algunos lugares se conoce con otros nombres como Día de la Mona (Albacete), día de la tortilla, día del chorice o choricé (Bajo Aragón), jueves merendero (Salamanca), Jueves Graso, o Jove lardero…
Esta despedida a la carne se realizaba los días previos al Miércoles de Ceniza, fecha en la que se daba comienzo a la cuaresma; un periodo de cuarenta días (hasta el Domingo de resurrección) que se destinaba a la abstinencia, recogimiento y el ayuno, acompañado de oraciones, penitencia y espiritualidad religiosa.
Este año deberíamos haberlo llamado El Electoral, en honor a la despedida del maléfico tiempo que nos ha precedido por un desgobierno y robolución que debe cambiar por una nueva llama de luz, justicia y superación por un grupo de personas que gobiernen por el exclusivo deseo de mejora general de la vida.
La etimología y origen de la palabra “electoral” desde ya provendría del término “fin del malnacido ‘socialismo’ del siglo XXI” falsa democracia, soberbia y robo y llevar (quitar): ‘falsum democratia, superbiam et furtum (cibus) et levare (tollere)’.
En esta semana de ‘El Electoral’ deberíamos de prever nuestras acciones para que los ciudadanos de Ecuador y del mundo puedan debidamente empoderar a los gobiernos para hacer lo que deben al tiempo que evitar que hagan lo que no debieran.
Pero queremos que gobiernen con honestidad económica y moral en beneficio del interés del público. Representar los intereses de la sociedad, no los suyos propios, ni los de alguna minoría a la que logran estar vinculados o comprometidos. Por esto qué la reforma del Estado debería ser pensada en términos políticos y no exclusivamente en términos administrativos.
La tarea de reformar el Estado es una tarea de ciencia institucional: ¿Qué organismos permitirán a los gobiernos que gobiernen, al tiempo que facultan a los ciudadanos para controlar esos gobiernos?
Se trata de una cuestión de larga data, verificada ante todo por el pueblo que desde la Revolución Francesa inventó una nueva forma de instituciones políticas que acabó con todas las formas previas de despotismo, monarquía e inclusive seudo-democracia.
La estructura básica de las entidades ha sido la misma en todas partes:
1)Los mandatarios, aquellos que gobiernan, son electos a través de elecciones; 2) El gobierno se encuentra dividido en órganos separados que pueden controlarse recíprocamente, limitado en cuanto a lo que puede hacer, por una Constitución; 3) Los gobernantes están sometidos a elecciones periódicas.
Dado que estos rasgos de las instituciones democráticas se tornaron familiares, es puntual destacar que cada uno de ellos surgió como una escogencia entre varias alternativas (Manin 1995). Se optó por las elecciones en lugar de las loterías o la monarquía hereditaria. La libertad de opinión fue una alternativa a los mandatos imperativos y a la revocación. El constitucionalismo se adoptó como una limitación a la regla de la mayoría simple. Finalmente, las elecciones periódicas se escogieron sobre los términos vitalicios (un tópico del Discurso de Angostura de Simón Bolívar, 1818).
¿Por qué, entonces, se prefirieron estas instituciones sobre otras alternativas? La respuesta es que estas instituciones son las que mejor combinan la autoridad necesaria para que los representantes estén en capacidad de gobernar, con las previsiones que aseguren que gobernarán bien.
Estos organismos certifican a los representantes la autorización para mandar, pero no confían en la probidad de los actores para asegurar que decidirán bien, por lo que implantan varias reservas «verticales» y «horizontales» a tal efecto.
