El 3 de mayo de 2007, el Presidente Correa creó la Comisión de la Verdad, para investigar supuestas violaciones a los DD.HH. direccionadas al gobierno de Febres Cordero (1984-1988). Además de sus miembros titulares, se nombró un Comité de Soporte, que fue conformado por Mireya Cárdenas, quien formó parte de la dirigencia de Alfaro Vive Carajo (AVC), Clara Merino y Francisco Acosta, familiares de miembros del grupo subversivo. Este comité, a las claras, se constituyó en “juez y parte”.
La Comisión de la Verdad debió incorporar como parte del proceso de investigación los libros: “Ecuador: 1960-1990. Insurgencia, Democracia y Dictadura” del colombiano Darío Villamizar, representante del grupo subversivo M-19 y “AVC. Revelaciones y Reflexiones sobre una Guerrilla Inconclusa”, de Juan Fernando Terán, miembro activo de AVC. En estos libros se publican los testimonios, con lujo de detalles, de los miembros de AVC y otros grupos subversivos que cometieron asesinatos, asaltos, robo de armamento, secuestros, etc.
En los dos textos citados, los protagonistas declaran, como secuestraron, como obtuvieron el dinero en asaltos a bancos e instituciones del Estado, como asesinaron a agentes del orden, como hicieron contacto con otros grupos subversivos de otros países. A que países viajaron para entrenarse militarmente, etc.
No obstante los testimonios de los subversivos; la Comisión de la Verdad en su informe formula indicios de responsabilidad contra varios miembros de las FF.AA., de esta forma se pretende acusarles de “Crímenes de Lesa Humanidad”.
Hay que recordar que un Estado, a través de su gobierno legítimo, tiene la obligación de proteger a la sociedad de las rebeliones organizadas, armadas y apoyadas por un aparato político; empleando a las de las FF.AA. y a la Policía en el uso progresivo de la fuerza, para legítimamente neutralizar y destruir a esas amenazas; por lo tanto, los miembros de la fuerza pública cumplieron estrictamente con su deber, para preservar la seguridad e institucionalidad del Estado, ante el peligro de grupos subversivos que en sus públicas proclamas amenazaban tomarse el poder por las armas.
Los militares ecuatorianos han sido verdaderos sustentadores de la paz, del respeto a los DD.HH. y del Derecho Internacional Humanitario; en 1992 se firmó un convenio con la Asociación Latinoamericana para los Derechos Humanos (ALDHU), con el objetivo de preparar a sus miembros, en todas las jerarquías, en el respeto al ser humano en toda su dimensión, este hecho se consideró como un caso inédito en América Latina.
Según la «comisión» que investigó este tema, solo tienen DDHH los asesinos de AVC y no las víctimas de aquellos que secuestraron y mataron sin ninguna contemplación a sus rehenes.
Cosas de la robolución.
Es impensable las cosas que están sucediendo en estos 8 años de la mal llamada revolución ciudadana. Pero me atrevo a decir que las gloriosas Fuerzas Armadas, en estos años, no han sabido mantener una postura firme con el poder de turno, y en cierta forma los jefes máximos han sido manipulados y hasta avergonzados por el presidente del gobierno. Ahora, con esta tibia actitud de respaldo a la institucionalidad militar, el presidente sancionará a los jefes por haberse dejado ganar el terreno. Que sirva de experiencia a los futuros jefes.