Quito, noviembre 11 de 215
El Presidente de la República, un estudioso de la ciencias económicas, es otro de los mecenas latinoamericanos del socialismo del siglo XXI propulsores de la instauración de un Estado poderoso, omnipotente, controlador y castigador, motor principal de la economía, y a su vez, el Primer Mandatario es defensor a ultranza de una serie de principios ideológicos políticos, que combinadamente trasmutan en inflexibles teorías económicas, financieras y de administración pública. Todas esas teorías, dadas las actuales circunstancias, se encuentran bajo profundo cuestionamiento de un importante grupo de expertos en finanzas públicas, economistas, financieros, así como también de una significativa cantidad de ciudadanos ecuatorianos.
Teorías presidenciales implementadas mediante un modelo económico, que para una economía dolarizada como la ecuatoriana, está por lo menos rayando en la imprudencia y perfeccionándose en la irreverencia propia de un mandatario que se asume dueño absoluto de la institucionalidad de un país convertido en el conejillo de indias de teorías avaladas por dogmas del socialismo del siglo XXI y una Asamblea Nacional sumisa, sin personalidad, atrapada en la histeria colectiva que les genera la sola presencia y palabra de su máximo líder…el ejecutivo.
El Presidente tiene derecho a mantener una visión personal del momento económico actual, del que el y su equipo se niegan a advertir los síntomas que claramente nos anuncian el ingreso a un período de peligrosa crisis. Derecho, que a pesar de ser otorgado por la legitimidad concedida a su mandato por el voto popular, mal entendido, ha servido para fortalecer y engordar un estado obeso que se encuentra totalmente abstraído a su voluntad y poder político. Un Estado infestado de funcionarios que ven al sector privado, a la empresa y a la clase media, como los adversarios a ser subyugados a la incuestionable voluntad de su máximo adalid, y del movimiento político al que le deben en gran parte su derecho a participar de la recargada administración burocrática del país.
Las atribuciones y deberes constitucionales de definir y dirigir las políticas públicas de la Función Ejecutiva no deben transgredir las fronteras del ejercicio prudente de la administración pública. El ejecutivo juega con fuego y lo sabe. Debe recapacitar y aceptar que para la buena marcha de la administración es necesario generar un ambiente de certidumbre y respeto; especialmente al momento de defender nuestro sistema monetario y manosear la Constitución, a sabiendas que la inmensa mayoría de los ecuatorianos rechaza el mecanismo utilizado por Alianza País para imponer su visión y voluntad política.
La paciencia, al igual que la imprudencia, tienen límites, y en ningún caso las dos deben ser estresadas para asumir políticamente riesgos superiores a los permitidos.
