Los partidos y movimientos políticos están en modo de alquiler o lo que en la práctica da lo mismo, a la venta, sea ya por una apreciación en metálico o al mejor postor en presuntos réditos electorales. Sin duda es ya una práctica generalizada que se ajusta a la carencia de sólidas estructuras partidistas, la ausencia de marcadas ideologías, la manipulación política de los entes de control, la falta de jurisprudencia y una descontrolable lucha por un efímero poder a través del cual se pueda permanecer en la más descarada impunidad. Las trapacías jurídicas a todo nivel en las estructuras estatales son el modus operandi de sediciosos intereses reñidos con el imperio de la ley y marginados de los mejores intereses ciudadanos. Hace poco el procurador Salvador, carente de foro y en cuadrilátero ajeno, emitió un descarado dictamen sin juridicidad ni sustento racional al descalificar al BID* como institución financiera. ¿Quién responde por el masivo descalabro institucional? Una eventual ruptura de esta solapada constitucionalidad podría constituirse en la respuesta de facto por el inconformismo ante los resultados.
Estos protervos y contemporáneos costumbrismos tienen un impacto económico negativo en línea con los cánones de corrupción sistémica propios de una Banana Republic. El execrable lumpen se ha apoderado de la institucionalidad sin que hasta ahora la sociedad haya respondido de acuerdo a la gravedad de la situación. El perjuicio en la prospección de un verdadero Estado de derecho es inconmesurable.
*Banco Interamericano de Desarrollo
