La proforma del PGE 2019 no requiere de un profundo análisis para concluir que al Gobierno, en base a sus proyectados ingresos y sin incurrir en endeudamiento, le será imposible cumplir con sus acreedores, los gobiernos seccionales, la seguridad social, los funcionarios públicos, el mantenimiento de servicios, la inversión en infraestructura, seguridad y defensa, la Constitución (educación y salud) y demás.
Un país en busca de desarrollo necesita crédito internacional e inversión extranjera. Los gobiernos serios se conducen con ortodoxia económica, atraen grandes inversiones, acceden a créditos razonables y evidentemente honran sus compromisos previamente adquiridos. El Gobierno ecuatoriano debe cumplir con sus acreedores a través de una renegociación directa (China) y/o mediante acuerdo con el FMI. Para hacerlo en los mejores términos, sin embargo, se precisa de un presupuesto austero que demuestre la voluntad gubernamental en liderar una cruzada cívica de grandes sacrificios que eventualmente conduzca a un real crecimiento económico. Aquello implica imperativamente la eliminación de subsidios, una drástica reducción de la burocracia estatal y la exclusión de proyectos no productivos. La transformación del Estado continuará siendo una quimera mientras no se parta de un presupuesto base cero. Moreno no lo entiende así y en contubernio con su equipo económico enfrenta una realidad inexorable. El riesgo país continuará en aumento y su sustento político, desde ya precario, tiende a volverse insostenible.
