Aún se recuerda las diferencias entre el Alcalde de Guayaquil y el Presidente de la República por la ubicación del Puerto de Aguas Profundas que permitiría la recepción de buques de mayor calado y con ello un incremento en el movimiento de carga.
El gobierno basado en un estudio de una empresa española signaba como el sitio más indicado para su construcción uno muy cerca de la población de Chanduy, lugar nada recomendable por los obstáculos naturales (bajos rocosos) y de aguas muy movidas; mientras que el Alcalde sostenía que debería ser en Posorja que tiene un calado natural y aguas tranquilas Luego escuchar diversos argumentos se determinó que la mejor ubicación para una infraestructura portuaria era definitivamente Posorja.
En lo que coincidieron ambas partes es que Guayaquil tiene una zona de influencia que se debe aprovechar por múltiples razones, no sólo por ser la principal ciudad del país, sino que más del 80% del movimiento de la carga tanto de importación como de exportación se efectúa por su puerto debido a la cercanía de las industrias y centros de producción,
Superado el primer escollo, el gobierno tomó parte en el proyecto buscado que esto le permita tener cierta aceptación a nivel de la Provincia del Guayas y de su capital Guayaquil, bastiones donde Alianza País no tiene adherentes. Para ello se firmó una carta de intención donde participaron las empresas DP World y el Consorcio Nobis.
En días pasados el Alcalde dio a conocer que la empresa interesada en la construcción y concesión del puerto de agua profundas, ha puesto ciertas condiciones como requisitos para efectuar la obra; prebendas que buscarían que se constituya un monopolio que afectaría gravemente a Guayaquil y sus puertos.
Entre las prebendas que exige el grupo extranjero están algunas que son inexplicables, únicamente si tuvieran como único fin liquidar a Guayaquil como ciudad- puerto, estrategia que no podremos aceptar los guayaquileños como tampoco lo debería hacer el gobierno.
El no dragar el canal a los 9,75mts, es permitir que la sedimentación aumente y que este se vuelva intransitable al punto de tener que cerrarlo, que es aparentemente el propósito final de la empresa interesada.
Que no se desarrolle ningún manejo de contenedores en un radio de línea recta de 200 kilómetros no sólo que afectaría a Guayaquil, sino que llegaría hasta Puerto Bolívar, Manta y todo lo que es la línea costera incluyendo los puertos que se denominan privados.
Otra prebenda es el concesionar la nueva carretera que se construiría para el funcionamiento del puerto, con lo que se estarían abarcando no sólo el manejo portuario sino las vías de acceso y el tránsito de las mismas. Inaceptable desde todo punto de vista.
En el tema tarifario quieren imponer tarifas mayores que las de Contecon, exigiendo que se entregue una prima del 20% en su beneficio, pero a su vez castigando con un costo adicional al operador del de Guayaquil Esto representará un encarecimiento para los usuarios que verán incrementar sus tarifas.
En el gobierno está la decisión de impedir un monopolio portuario. No porque estén llegando capitales foráneos se pueden aceptar condiciones como las que se quieren introducir, son leoninas y perjudiciales para Guayaquil y su puerto.
Guayaquil NO permitirá que se la quiera perjudicar, peores situaciones le han tocado atravesar y ha salido triunfante.
