Otro País
Hace pocos días un amigo extranjero me preguntaba si creía que el país había cambiado desde que asumió el poder el Presidente Correa y se estableciera en el Ecuador el Socialismo del Siglo XXI. Me pedía la opinión sobre los cambios que se consideran se han dado a nivel social, económico y político y, si consideraba que dichos cambios habían favorecido positivamente al pueblo ecuatoriano y en especial a las clases más necesitadas.
Las preguntas me tomaron como se dice vulgarmente fuera de base y para responder tuve que memorizar rápidamente lo que era el Ecuador en el 2006 y lo que es en los actuales momentos.
El derecho a la libertad
El derecho a la libertad es universal, como es universal la libre expresión, más aún, cuando ésta en cualquiera de sus formas, es expresada con la responsabilidad de un nombre y una firma.
Ese es el caso de quienes hemos asumido la responsabilidad de hacer público nuestros comentarios a través de la prensa escrita, como lo hicimos en Diario EL TELEGRAFO por muchos años, algunos de los que hoy escribimos en el diario itinerante “Desde mi trinchera”.
Decisiones Distorsionadas
Según el artículo 62, numeral segundo, de la actual Constitución, los adolescentes de 16 a 18 años ya pueden aportar con un voto para las candidaturas que están por presentarse.
De cierta forma se puede tomar como una buena iniciativa para inculcar a los adolescentes desde temprana edad a intervenir más en la sociedad política y económica del país, leer más, informarnos más y saber distinguir entre los candidatos que declaran propuestas reales y no fantasiosas.
Incremento lógico
Para todos los ciudadanos pensantes era lógico que al cambiar las leyes dando mayores facilidades a los ladrones para el cometimiento de sus actos delictivos, esos hechos se incrementarían. Las cifras lo han confirmado con el número de denuncias presentadas en las comisarías.
Algún burócrata defensor de los delincuentes ya salió al paso de esas cifras para indicar que no se trata de un incremento, sino que como han pasado de la fiscalía a las comisarías, se trata de una simple transferencia de jurisdicción. No es así, pues a pesar de que, en efecto, algunas de las denuncias presentadas en las comisarías se habrían presentado en la fiscalía, el número neto sí se ha incrementado. ¿Y qué se podría esperar si el mismo Estado, a través de sus funciones ejecutiva y legislativa, está fomentando el delito?