En medio de la dictadura de los mandatos, las incautaciones de la AGD, de la persecución a los vendedores informales de los mercados y de la vorágine política respecto a la constitución de la muerte, pasa casi desapercibido un hecho que atenta contra el Ecuador, no como gobierno sino como Estado, que debe preocuparnos a todos los ecuatorianos.
Según declaraciones efectuadas por el Procurador del Estado a Junio de 2008, Ecuador tiene demandas internacionales por 12.000 millones de dólares, la mayor parte propuestas ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI). Entre las empresas que han iniciado dichas acciones constan empresas como Occidental (OXI), City Oriente, Repsol, Perenco, Machala Power, Repsol, entre otras. Lo que se reclama es la afectación económica a sus respectivos contratos con el Estado por la Ley 42 que modificó a favor del Ecuador el porcentaje de ingreso de las ganancias extraordinarias en materia petrolera, entre otras razones propias de cada caso.
La Fiscalía General del Estado ha acusado de peculado o desvío de fondos a los principales directivos de City Oriente, dentro de un proceso iniciado el 2007 por no haberse pagado una deuda al Estado. El Procurador por su parte, ha hecho votos de una favorable renegociación de los contratos petroleros con acuerdos económicos para dar por terminados las disputas dentro de los arbitrajes internacionales ya iniciados y notificados al Ecuador.
El principal organismo internacional para arreglo arbitral de estas disputas es el CIADI, institución del Grupo del Banco Mundial, establecida para propiciar la solución de disputas entre gobiernos nacionales y empresas multinacionales, promoviendo la seguridad jurídica a los flujos de inversión internacionales. El Ecuador es miembro del CIADI y en los contratos petroleros establecía la cláusula que sometía las disputas a conocimiento del CIADI. Esta realidad ha motivado que el actual gobierno ecuatoriano busque la creación de un ente regional que sustituya al organismo arbitral del Banco Mundial, hasta tanto es renuente a fijar al CIADI en sus cláusulas contractuales con empresas internacionales.
Ecuador después de Argentina, es el país latinoamericano con mayor número de disputas internacionales. Los argentinos han afrontado ya laudos condenatorios del CIADI por aproximadamente 912 millones de dólares pero han renegociado satisfactoriamente otras disputas evitando pagar una suma similar, reduciendo al cincuenta por ciento el riesgo económico de tales controversias que sumaban unos 1.800 millones de dólares. Sin embargo Argentina tiene a la espera otras controversias por 9 mil millones de dólares más, la mitad de ellas suspendidas por encontrarse en proceso de renegociación con sus demandantes.
Al margen de la permanente campaña política emprendida por el gobierno ecuatoriano, esta amenaza sobre todos los ecuatorianos por 12.000 millones de dólares, pone a la economía del Ecuador en gravísimo riesgo, teniendo en cuenta que el Estado se ha abierto un nuevo frente de disputas en el exterior con el Mandato de la Asamblea que blindó la incautación de bienes de la AGD sobre el Grupo Isaías y que impide a los jueces y tribunales de la República tramitar amparos constitucionales u otra acción que suspenda tal incautación de bienes por mera presunción de la identidad de sus propietarios. No es la primera ocasión que este hecho ha ocurrido en el país y si el Mandato agota la vía judicial de los afectados por tales medidas, queda expedita la vía para acudir a instancias internacionales que más temprano que tarde incrementará el riesgo de fallos condenatorios de millonarias reclamaciones de daños y perjuicios por dichas medidas.
El apresuramiento de la Asamblea pone al país en este disparadero, cuando lo sensato hubiese sido mantener la jurisdicción y competencia de tales disputas en territorio ecuatoriano y no acortar el camino para las instancias internacionales que resultarían negativas para todos los ecuatorianos.
