Deuda y Comunicación

La deuda en realidad es alrededor de $37.000 millones o alrededor del 40% del PIB ($93.700 millones) y no alrededor del 28 % del PIB como nos informan con cifras maquilladas, que no incluyen la deuda a entidades chinas reportadas en alrededor de $6.500 incluyendo $2.000 millones del crédito de Julio 2014 y que deben ser pagadas con petróleo; ni las deudas a Occidental ($2.400 millones) y Perenco ($400 millones) por concepto de juicios internacionales perdidos y que se encuentran en etapa de apelación desde hace un año; ni $502 millones por revalorización del oro, que constituye un asiento contable y no dinero líquido, tomado de los dueños de cuentas de ahorros, corrientes y afiliados al IESS; ni $650 millones a pagar el próximo año por concepto de los Bonos Global 2015. Estas deudas no deben ser excluidas sino contabilizadas, para mantener un buen manejo económico y no trasladar el problema al próximo año, mientras el endeudamiento continúa durante este año.

Motivados por esta crisis económica, el Gobierno pretende manejar todos los fondos existentes en el país, incluyendo los privados, y trata de obstruir el libre flujo de información con obstáculos para la prensa, comentaristas de materia económica y políticos del país, con los artículos 17 del Código Monetario, 322 del Código Integral Penal y 22 de la Ley de Comunicación.

Sin embargo, no debe existir blindaje de responsabilidad para nadie, menos para servidores públicos y los que manejan las riendas del Estado, incluyendo la Junta de Regulación. Ninguna excusa es válida ya que aquel que no puede soportar la presión de un cargo, debe aspirar a otro tipo de trabajo.

El dinero es de los depositantes, no del Gobierno, ni del Estado, ni de los bancos. El ahorro privado es privado, no es dinero del que un Gobierno puede disponer. La solución debería ser que el Estado compita con los bancos privados por intermedio de los bancos del Estado y estableciendo nuevos bancos estatales, para que los depositantes decidan donde colocar su dinero.

Si la Junta se reservase información a su discreción, los medios de comunicación no podrían verificar toda la información que llegase a su conocimiento y no podrían publicar más que la información que la Junta decidiese, caso contrario serían castigados. El flujo de información a los ciudadanos y a los participantes de los mercados nacionales e internacionales sería incompleto por motivo de regulación y no constituiría un mercado libre, por lo que se generaría mayor desconfianza en nuestro país, tasas de interés más altas en futuras emisiones de bonos (deuda) y menor inversión.

NOTAS:

CÓDIGO MONETARIO, ARTÍCULO 17

Con el objeto de precautelar la sostenibilidad monetaria, financiera, de seguros y valores, la Junta podrá calificar motivadamente como reservada la información relacionada con los ámbitos de su gestión, de conformidad con el procedimiento que establezca para el efecto.

CÓDIGO INTEGRAL PENAL, ARTÍCULO 322

Pánico Financiero
La persona que divulgue noticias falsas que causen alarma en la población y provoquen el retiro masivo de los depósitos de cualquier institución del sistema financiero y las de la economía popular y solidaria que realicen intermediación financiera, que pongan en peligro la estabilidad o provoquen el cierre definitivo de la institución, serán sancionados con pena privativa de libertad de 5 a 7 años.

Pánico Económico
Cárcel de 5 a 7 años para quien “publique, difunda o divulgue noticias falsas que causen daño a la economía nacional para alterar los precios de bienes o servicios con el fin de beneficiar a un sector, mercado o producto especifico”.

LEY DE COMUNICACIÓN, ARTÍCULO 22

Todas las personas tienen derecho a que la información de relevancia pública que reciben a través de los medios de comunicación sea verificada, contrastada, precisa y contextualizada. La verificación implica constatar que los hechos difundidos efectivamente hayan sucedido.

Fuente: El Comercio, 23 Julio 2014.