LA VIOLENCIA
Generalmente, esta causal, es la que más influye o provoca hechos dolorosos, generalmente colectivos, que se dan en el área política, que se inician como marchas o demostraciones de protestas, (pacíficas), que lamentablemente por hechos -planificados o no-, dan como resultado actos masivos violentos o vandálicos, cuyas consecuencias no siempre se pueden avizorar y que, en ocasiones -no todas- se escapan del control de los dirigentes o convocantes.
Sus consecuencias, serán siempre lamentables, para la gran mayoría de la población, (negocios, edificios emblemáticos o estructurales, centros históricos, infraestructura vial o ferroviaria, infraestructura petrolera, sistemas de transportes, sistemas de Agua Potable, canales,, etc.). Por supuesto, consecuencias gravísimas, para los poblados, para las ciudades y para los países donde tales hechos -en ocasiones y generalmente vandálicos- se realizan.
La responsabilidad -personal- de la dirigencia sobre todo y de los partícipes (actuantes o intelectuales), es un hecho innegable, que no se puede justificar con un “yo no fui”.
La justicia, (entiéndase la Fiscalía), tiene que actuar, investigar y determinar responsabilidades (informes acusatorios), para que los jueces (Magistrados) impongan las penas correspondientes, personales y administrativas con el correspondiente, establecimiento, de los daños y perjuicios e indemnizaciones a las víctimas de estos hechos, que pagaron las consecuencias, con pérdidas económicas, de todo orden, bien sea en sus instalaciones, hogares o de lugares públicos afectados por la acción -dirigida o no- de masas humanas vandálicos, para ejecutarlos planificadamente o no.
Estos hechos de destrucción material, también van acompañados de resultados más penosos que los daños materiales, muertos y heridos en cualesquiera de los bandos que se encuentren: en el que tiene que mantener el orden y la protección general y el de los, que por el contrario, quieren la destrucción del orden, sembrando para ello, el CAOS.
La tarea de las autoridades pertinentes no es fácil, ni inmediata en ciertos casos, por aquello del “debido proceso” y del derecho a la defensa de los culpables presentes o no, que en ocasiones o generalmente, cuentan con los recursos económicos, los defensores profesionales y el “apoyo” político de quienes quisieran volver o gobernar una nueva “década ganada”, de cuyas actuaciones y administración, por poco terminan con el país.
El gobierno del Presidente Moreno, intenta la rehabilitación económica. Hizo un primer intento -la eliminación del subsidio a las gasolinas y al Diesel -fallido-, por la reacción popular, acaudillado por el líder de la CONAIE (Agrupacion indigena y mestiza): Sr. Jaime Vargas, que llevó al Gobierno o derogar por el Dcto. 883, por el bien colectivo y la paz de la República.
Se están tomando (el Gobierno) nuevas medidas económicas, esta vez, por el lado de la tributación, mediante una Ley, que con el carácter de urgencia economica, envió para su aprobación a la Asamblea Nacional.
Se aspira por parte del MM. de ECONOMÍA Y FINANZAS, la recaudación de algunos millones de dólares, para revertirlos en Agricultura, Salud y obras sociales. Yo creo que un Mamotreto como ese proyecto de Ley, de 400 páginas, será ligeramente leído y terminará aprobándose por el Ministerio de la Ley.
Si el proyecto de Ley es válido, sera triunfo exclusivo del Gobierno del Presidente Moreno, si regresa con cambios, la responsabilidad será compartida con aquellos que los hicieron.
Me decía un amigo, “si yo fuera Asambleísta”, no tocara ni reformara el proyecto, para que se apruebe por el Ministerio de la Ley y no me hiciera partícipe de los resultados. Después de todo, ese proyecto, podría el mismo Gobierno modificarlo a aplicarlo de acuerdo con las condiciones económicas internas e internacionales, pues, estas últimas -fuera del control gubernamental- pudiesen favorecer nuestras exportaciones, sobre todo petroleras.
La economía es una ciencia, como el Derecho, pero no garantiza resultados. De cierta manera, ese resultado es un albur.
La sociedad ecuatoriana y los “gremios”, deberían dar una TREGUA al Gobierno, de 6 meses por lo menos, para actuar con sus propuestas y darnos a la ciudadanía el derecho a la duda, de aprobar o rechazar tales disposiciones o proponer otras mejores de las que se dictaron.
