Tenemos que ejercer el derecho a la resistencia

Vivimos una Gran Inseguridad en el país: Política; gubernamental; Judicial; laboral y financiera.

Se prohíbe y persigue a la libertad de expresión e incluso de pensamiento. Hay plena inseguridad de educación, salud y ambiental.

El Consejo Nacional Electoral ¡Consejo de bolsillo, cómo se dice militarmente: para uso, abuso y descarte!

Todos estos estupros han nacido con la engañosa creación de un Estado totalitario-marxista cuyo líder es un dictador/emperador. DESPIERTA ECUADOR mañana será tarde.

Los derechos a los que hago referencia son los de resistencia y oposición y hoy se han tornado en obligación.

La Constitución del Ecuador (“hecha a medida”), los nombra en los Artículos 98 y 111 reconociéndole (con un As escondido bajo la manga), al pueblo ecuatoriano, su facultad a la resistencia y oposición.

Sin embargo, dejan mucho que desear, reformas y largos puntos de contradichos favorecen al Régimen.

Para el pueblo tiene que prevalecer el espíritu real de la Ley aunque se constituya en germen de una “lucha encarnizada” y comience una confrontación de funestas consecuencias; que nadie quiere.

Las pomposas declaraciones de la manoseada Constitución dizque en vigencia, dado que usan más el instructivo de la seudo “Revolución” de la que se ha apropiado el gobierno para fines personales.

Ecuador, ya en la República, tuvo la meritoria oposición y resistencia de Rocafuerte y de militares ecuatorianos a la inclinación extranjerista y las intenciones de perpetuarse en el poder de J. J. Flores; luego vino la Revolución del 6 de marzo de 1845 al mismo gobierno de Flores, para mencionar unos pocos casos.

En la Historia Universal, son incontables los casos en los que los pueblos de todas las épocas de la humanidad, han recurrido a la resistencia y a la oposición, cuando han sido conculcados y violados sus sagrados derechos a la vida, a la libertad de expresión, al trabajo, a una vida digna; sobre las actitudes omnímodas y dictatoriales de ciertos personajes enfermos de poder.

Cuando se produjo el cambio del Estado Feudal, se tornó en Estado de Derecho y Constitucionalismo. Surgieron nuevas formas de gobierno dictatoriales, déspotas, tiránicas y totalitarias, que a raíz de la segunda guerra mundial, horrorizado aprueba la desobediencia que se convierte en “Derecho reservado a los ciudadanos frente a la tiranía, que legitima la insurrección contra los poderes ilegítimos y la eliminación física de quienes los ejercen”.

Hay que dejar de ser pasivos o de “aguante” como actualmente vivimos los ecuatorianos y volvernos activos, es lo que nos hace falta para corregir el totalitarismo y autoritarismo del gobierno de la RC.

La ofensiva, nos hace falta para organizarnos mediante un plan claro y definido, que debería ejecutarse por la vía de la no violencia.

En el Art. 98, el derecho a la resistencia aparentemente se consagra a favor de los individuos frente a acciones del poder público; empero, da lugar a una expectativa de naturaleza muy general que da paso a interpretaciones de carácter discrecional al juez de primera instancia hasta los de última instancia como se puede comprobar en su texto.

Art. 98.- Los individuos y los colectivos podrán ejercer el derecho a la resistencia frente a acciones u omisiones del poder público o de las personas naturales o jurídicas no estatales que vulneren o puedan vulnerar sus derechos constitucionales, y demandar el reconocimiento de nuevos derechos.

A su vez, el contenido del precepto constitucional que inserta el derecho de oposición en la Carta Magna, ha sido premeditadamente restringido a los Partidos y Movimientos Políticos registrados en el Consejo Electoral, aunque demagógicamente se lo enfoca como para el pueblo; al que se lo excluye.

Art. 111.- Se reconoce el derecho de los partidos y Movimientos políticos registrados en el Consejo Nacional Electoral a la oposición política en todos los niveles de gobierno.
El derecho de resistencia a la opresión es del pueblo. Los poderes tiránicos hacen guerra sin declarar la guerra, suprimen las Constituciones sin derogarlas, mantienen los parlamentos y otros estamentos despojándolos de su esencia: desconocen todas las garantías y eliminan los derechos humanos.