El 4 de septiembre de 2013, el Ministro de Recursos Naturales no Renovables expidió un “Acuerdo de exclusión para el otorgamiento de concesiones de exploración, explotación, permisos de minería artesanal, autorizaciones para el funcionamiento de plantas de beneficio, fundición y refinación, en la zona urbana de la ciudad de Zaruma”, el cual tiene por objeto declarar como zona de exclusión minera el casco urbano de la ciudad, con el fin de precautelar la vida, la salud, el ambiente, y la infraestructura pública y privada, las cuales se han visto seriamente afectadas por la explotación minera ilegal.
El tema no es nuevo, ya en diciembre del 2012 la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, realizó un minucioso estudio sobre la vulnerabilidad de dicho Cantón, concluyendo entre otras cosas que Zaruma se ve influenciada por problemas de contaminación ambiental provocada por el crecimiento industrial minero de últimos años, anotando que “la actividad minera, con las galerías que se encuentran cruzando la zona de exclusión y niveles provocan zozobra por posibles hundimientos”, puntualizando como un aspecto negativo los peligros por deslizamientos, derrumbes y hundimientos, fenómenos que “se han incrementado con la explotación de las minas que se desarrollan en el territorio.”
Bajo esta preocupante realidad, es loable que el gobierno haya tomado las medidas correctivas, pues la vida de toda una población, según los estudios, corre peligro; sin embargo, las reacciones por parte de los mineros clausurados no se hicieron esperar, tomando en cuenta que más del 40% de la población trabaja directamente en la actividad minera. Los clausurados, en su mayoría, son mineros artesanales quienes en los últimos días han organizado varias manifestaciones por el impacto social que el cierre de las labores mineras ha ocasionado en su economía.
Lo cierto es que por más buena voluntad que exista por parte de las autoridades, difícilmente los mineros artesanales dejaran de perseguir sus vetas en busca del oro, aun cuando éstas se encuentren en la “zona de exclusión”, razón por la cual el control en el subsuelo debe ser apremiante y real, pensando en buscar otras alternativas como el imponer una franja de seguridad de 200 metros bajo la superficie.
