Las crisis políticas tienen comienzo y fin, son de limitada duración, y pueden o no concluir con la solución definitiva de las causales que las provocaron. La más reciente crisis de nuestro país tuvo su detonante con la anunciada eliminación de los subsidios a los combustibles. ¿Ha terminado? Difícilmente podríamos concluir afirmativamente a pesar del repliegue de los indígenas a sus comunidades y el cese del vandalismo. ¿Cuál es el problema? El Gobierno, en su generalizada falta de capacidad, enfrenta un explosivo escenario exponenciado por las múltiples imputaciones por su activa y pasiva participación en corrupción desde hace12 años.
La eficacia de las medidas económicas correctivas dependen, más allá de la academia y del pragmatismo ortodoxo, de quien intente aplicarlas. Cuando un autoproclamado socialista, practicante o no de lo que predica, intenta implantar una semilla de liberalismo económico, sus aliados lo cuestionan y sus adversarios lo desafían. Sin bien la Constitución no faculta una completa apertura económica del Estado, la falta de acciones complementarias y de competencia del Ejecutivo subyugaron el resultado al enfrentamiento nacional.
Todo se desarrolla dentro de un campo minado trazado por indígenas movilizables (unos pocos de conciencia y una mayoría de manipulados); terroristas (huestes correístas, militantes de campo y subversivos a sueldo); ex aliados políticos; y, opositores. El sistema demanda correción y justicia para evitar un próximo estallido. ¿Dónde estará Lenín para entonces?
Ese es «costo» de no haberse dejado «tumbar» , pues si bien es cierto que la suspención del subsidio a los combustibles no era la panacea, la suspensión de esta, recurso se ha vuelto contraproducente pues la «reforma financiera» , hoy en manos de la Asamblea, es como apagar el incendio con gasolina