8 diciembre, 2024

¿Civiles armados, guardias de choque o milicias urbanas?

Preocupante resulta el nuevo enfoque de seguridad para altos funcionarios, cuyo tenor se discute en estos días en el Parlamento Ecuatoriano.

Me refiero a la nueva Ley, que pretende formar un cuerpo ARMADO CIUDADANO, para proteger a funcionarios públicos de alto nivel.

Al respecto, escuche una entrevista radial a la señora María Augusta C. sobre éste y un segundo tema, sobre los T.B.I. (Tratados Internacionales de Inversión) del cual hablaremos en otro espacio. Sobre los dos temas por ella analizados, no me convencieron sus puntos de vista y razonamientos. Fueron flojos y forzados.

Ella, preside la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional y forma parte de la Comisión que trata este proyecto. Se lo incluye en el Tercer Libro del “Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana”, que días antes había sido desechado, su inclusión, en esta Ley.

Por supuesto, los legisladores de (A.P.) niegan que se trate de instituir una milicia armada, tipo Venezuela. Que se trata de un cuerpo especializado que es un “Servicio”, (S.P.P), (Servicio de Protección Pública), que se viene tratando desde el año 2011……

Este “Servicio de Seguridad Publica, (SPP)”, se lo define en el proyecto de Ley como “una entidad publica especializada, jerarquizada, civil, armada”, y dependiente del Ministerio del Interior, un servicio publico dirigido a prevenir y neutralizar la(s) acción(es), que pretenda atentar contra la integridad de las personas que “prestan un servicio relevante para el país” : Presidente y Vicepresidente de la República, principales autoridades de las funciones del estado, cuerpo diplomático y servidores públicos “definidos en el reglamento”.

Lo que es malo, ilegal e inconstitucional, ahora, no lo hace bueno con el pasar de los años, ni siquiera después de una década, como se afirma, estaría vigente para ese entonces.

La Constitución vigente (2008), solo establece dos cuerpos armados en el país: La Policía Nacional (PP.NN) y las (FF. AA), amabas instituciones independientes y autónomas en sus funciones especificas, con sus propios rangos, ingresos, estructura y experiencia en el manejo de la seguridad ciudadana, y del país, respectivamente.

Cualquier cuerpo armado adicional , peor aún, conformados por civiles y dependientes del Ministerio del Interior, es Inconstitucional y una afrenta a estas dos instituciones que han garantizado la paz ciudadana, desde la creación de la República.

Que, “Tales cuerpos armados, no tienen los conocimientos especializados para asumir o entrenar a otros miembros de sus propias instituciones”, como indican algunos miembros del partido del Gobierno y legisladores, es una indelicadeza, por decir lo menos, para con sus miembros y altas autoridades.

¿Sino son ellos, entonces presumo, se justificaría que militares extranjeros asuman ese rol?. Increíble.

En cuanto a la(s) Policía(s), se refiere, tenemos los cuerpos especializados entre los que recuerdo: la propia Policía Nacional con todas sus divisiones: (G.O.E., G.E.M.A, (antinarcóticos), G.I.R. (rescate),Dinased (anti secuestros),etc). Y la Policía Comunitaria para proteger, determinados sectores ciudadanos en cada ciudad del Ecuador, etc.

En el Ejercito, también se cuenta con Policías Militares: Policía del Ejercito, de la Marina y de la Aviación y la Policía Civil y la PP. Militar en las fronteras de nuestro país, y la Guardia Presidencial para proteger al Presidente de la Re´publica, etc.

También los Municipios tienen sus propias Policías Municipales, que cuidan ciertos sectores céntricos, Centros de Acopio y la propia seguridad de las Autoridades Municipales, y las Policías de Parqueos, como en Samborondón.

Crear un nuevo cuerpo armado con elementos civiles solo llevara al país, a fomentar la discordia entre los ecuatorianos, y a eliminar, cualquier intento de protesta civil, ante actos de corrupción o de verdaderos desaciertos de los gobiernos de turno, con los cuales se estaría eliminando en principio a la oposición de los partidos políticos y a la protesta ciudadana, ya no solo judicializándola como en el presente, sino combatiéndola con armas que “legalmente” se dispararán contra otros ciudadanos ecuatorianos, en sus manifestaciones públicas, al puro estilo de los gobiernos falangistas, fascistas y comunistas (Leninnista), de triste recordación, y mas grave aún, seria el golpe de muerte para la democracia en el Ecuador.

Varios ciudadanos, entre ex militares, legisladores y civiles han expresado públicamente su repudio a esta ley.

Sobre el particular quisiera referirme al criterio de un ciudadano guayaquileño, que ademas de sus dotes periodísticas, es un experto en el manejo de armas y de entrenamiento militar a dependencias del Ejército y a la Marina, en el pasado, que por ser una autoridad en este tema, las replico en este articulo en sus partes fundamentales que dice así:

“Es algo ilegítimo y peligroso….son las FFAA y la Policía, las que podrían tener grupos entrenados y especializados….en ningún caso civiles…..La decisión del disparo defensivo viene de una instrucción especializada…pero no por fanatismo proteger a un individuo….se protege a las personas de las injusticias…no de actos contra la ley y sobre cualquier cosa…es un tema muy delicado y está siendo TORPEMENTE manejado…..se escoge entre el PAIS o un EX FUNCIONARIO…este «grupillo» escoge al funcionario…..priorizándolo sobre la NACIÓN……una bestialidad…..y si matan a alguien quien es el responsable???”.

Otra cosa muy distinta es el Decreto Ejecutivo que acaba de firmar el Presidente Correa antes de viajar a Cuba, a recibir su décimo quinto Doctorado, Honoris Causa, que le otorgaría protección policial al Presidente y Vicepresidente en funciones y por un año mas, después de finalizado su periodo de gobierno, dependiendo del riesgo, y de seis meses al Vicepresidente, por ser considerada la Seguridad de las altas autoridades como: «Objetivo estratégico del Estado».

Seguridad personal que incluye a las cónyuges e hijos, por un año y 6 meses, respectivamente, con la posibilidad de ampliar o de restringir estos plazos, según los riesgos, especificados en los informes respectivos.

Sobre la base fundamental de brindar seguridad a las altas autoridades salientes de este gobierno, así como las que lo fueron en el pasado, como debería ser, a partir del retorno Constitucional del país, como lo presumo, estoy de acuerdo en términos generales,

¿La pregunta del millón seria si, aplicará estos beneficios para estos mismos personajes, de participar activamente, en la política ecuatoriana a partir de esta fecha?

¿Y para los ex candidatos presidenciales, que?, ¿O éstos no corren ningún riesgo?.

¿Veremos los ecuatorianos a estos nuevos o viejos políticos ecuatorianos tomándose las calles, en protestas, resguardados por la Policía Nacional, que obligatoriamente tendría que protegerlos?,

De las protestas generalizadas en las ultimas décadas, sin protección, hemos pasado a la protesta protegida, no importa si en esas protestas intervienes y se toman las calles, grupos extremistas, ex guerrilleros y guerrilleros nacionales o extranjeros.

Todo puede suceder si las leyes o los decretos, se hacen con dedicatoria o al apuro.

Espero que reine la sensatez y no la docilidad, ni la ideologización de los puntos de vistas partidistas.

La patria así lo exige y lo requiere de urgencia.

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Sin pretender ser adivino, ni mucho menos agorero de las desgracias, en mi artículo “Nuevo fraude en ciernes” de marzo 4 de 2011, manifesté que, una vez más nos tocaría ser espectadores indefensos de un tsunami de propaganda y verborrea por parte del economista. Me he quedado corto en la mencionada apreciación.

La propaganda gubernamental desplegada ha llegado a límites demenciales pues Correa, sus ministros y demás tontos útiles, tienen copado al país con ilegal propaganda proveniente de fondos públicos lo que constituye un atentado al erario público, que más temprano que tarde deberá ser castigado con todo el rigor de la ley, además de que el economista y los servidores públicos involucrados en estas acciones, deberán responder por usar el tiempo en labores a las que no están autorizados por el pueblo que mira absorto cómo sus impuestos están trabajando en función de un fraude electoral por lo que sus autores arriba mencionados, en su momento, tendrán que ser juzgados y condenados a devolver todos los dineros mal usados, al caer en el delito de peculado, y por consiguiente ir a parar con sus huesos a la cárcel, que es el lugar en donde deberán pasar por el tiempo que les sea asignado con estricto apego a la justicia, justicia de la que, hasta estos momentos, hacen tabla rasa al mofarse del pueblo aprovechándose de su proverbial ignorancia, porque, quizás, se imaginan que nunca les caerá el contundente brazo de la ley.

4 comentarios

  1. Simplemente » EL QUE NO LA HACE NO LA TEME» y eso se llama: ABUSO DE ATRIBUCIONES, tratar de institucionalizar el cargo de «GUARDAESPEALDAS», armados. ¿Porque no se permite a la ciudadanía portar armas para poder defenderse de tanta delincuencia existente en el país y que está super armada?. Eso es más preocupante que cuidar a los funcionarios públicos o de elección popular. Además, si ese fuera el caso, tomen personal de la FF.AA y de la PP.NN. y prepárenlos para esa finalidad como siempre lo ha sido. Si queremos el cambio, porque seguimos buscando leyes que van en contra de la voluntad soberana y de lo que realmente necesita para su seguridad? NO A ESA LEY.

  2. Te felicito por tan buen artículo, muy claro y muy bien sustentado. Los de AP quieren dictar leyes para todo y, en este caso, no puede ser. Como tú bien señalas, para todas estas situaciones que pueden surgir están las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Qué es lo que quieren estos individuos, debilitar o menospreciar a estas instituciones muy nobles que cumplen propósitos específicos? Esperemos que esta ley que los de AP quieren imponer no prospere. En todo caso, el actual presidente, que está dando señales de sensatez, puede vetarla totalmente.

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