Las últimas Reformas Tributarias aprobadas por el Gobierno incluye una mediante la cual el SRI, tendrá acceso a todas las operaciones que realicen las personas en Ecuador mediante tarjetas de crédito, débito y dinero electrónico.
La Resolución del SRI, tiene como justificativo la devolución de uno, dos y cuatro puntos del IVA para aquellas personas que utilizan los medios de pago como tarjetas y dinero electrónico. Los bancos emisores deberán suministrar todos los datos del tarjetahabiente incluyendo el cupo y las adicionales que se hubieren emitido.
Lo grave de la Resolución y que rompe la intimidad y el sigilo de que gozan las personas sobre sus transacciones bancarias, es que los emisores deberán informar además la forma detallada sobre: cuánto, en dónde y cómo se ha realizado una compra con tarjeta de crédito o débito. Sobre las transacciones con dinero electrónico la información será proporcionada por el Banco Central.
El volumen de información que tendrán que suministrar los bancos será realmente descomunal, a la que hay que añadir la que mes a mes ya solicita la Superintendencia de Bancos. El consumo que se efectúe distinguirá si es realizado por el titular o por las adicionales.
Se sostiene que el SRI puede pedir la información y romper todo el sigilo de que gozan las personas; como se sabe ya tiene acceso a las compras que realizan los contribuyentes por medio de las facturas electrónicas, así que no se le aplica el sigilo o la intimidad en las cuentas de tarjetas.
La crisis que afronta el país está obligando a que los ecuatorianos tengan que hacer un mayor uso de las tarjetas de crédito o débito, lo que les permite diferir sus gastos y tener un mejor manejo de su economía doméstica; no obstante, el perder la intimidad sobre los consumos llevará a que se trate de utilizar más el efectivo. No hay confianza en las instituciones gubernamentales.
La Cámara de Comercio considera “peligroso e inapropiado” que se recabe tantos datos que atentan contra la intimidad que esta recogida en la Constitucion, a no ser que ésta sirva para establecer patrones de consumo y con ello definir nuevas cargas tributarias y mayor recaudación de impuestos.
La información puede convertirse también en un arma política de un potencial incalculable para el gobierno de turno. Nadie puede garantizar que no haya fuga de datos, pese a que se sostiene que el ente tributario maneja la confidencialidad y secretismo de las personas. Los Panamá Papers son un ejemplo de que todo es posible y que no hay información que no se pueda obtener, peor en un ámbito donde la corrupción ha asentado sus bases en tierra fértil.
Estamos a pocos meses de iniciar un proceso electoral donde debe haber un cambio de gobierno; pero esto no significará que quienes están actualmente en el poder estén dispuesto a aflojar la conducción y corran el riesgo de que se transparente todo aquello que ya está saliendo a flote, la corrupción y los negociados.
