El nuevo anuncio de una acción política al margen de la Constitución y el sentido común, por parte del señor Nicolás Maduro, como es convocar una Asamblea Constituyente “comunal”, no es más que un nuevo intento de fuga; de esa huida más bien, hacia adelante, que emprendió hace cuatro años, dentro de la estrategia del régimen de aislarse, amparándose en un supuesto apoyo popular que ya no tiene desde hace tiempo, sobre todo ahora, cuando Venezuela solicita su salida de la OEA.
Como se recordará, fue con la nueva “geometría del poder “aquella rechazada por el voto popular en diciembre del 2008, como se introdujeron las comunas y las juntas comunales, primero de manera solapada, luego ya en forma abierta y descarada, no obstante no estar contempladas en el texto de la Constitución Bolivariana que sí reconoce a las juntas parroquiales, pues son las parroquias las entidades o demarcaciones creadas dentro del municipio con el objeto de desconcentrar la gestión municipal y promover la participación ciudadana. En la última década se ha evidenciado una vasta legislación en materia comunal, que incluye varias reformas a la Ley Orgánica del Régimen Municipal, anterior a Chavez, por parte del gobierno, que a pesar del barniz de legalidad con el cual se ha revestido, resulta a todas luces inconstitucional.
Por lo tanto, convocar una Asamblea Nacional Constituyente Comunal es convocar algo que no existe, ni en la Constitución de Venezuela, ni en ninguna otra. Sin embargo, la desfachatez del señor Maduro es tan grande que el anuncio lo hace con la constitución en la mano, como quien jura sobre la Biblia una blasfemia. Quizás pueda engañar a la gradería, pero una constitución nueva, producto de esa constituyente fraudulenta, sería algo similar a un golpe de estado, por más que se le trate de darle carácter de legitimidad popular y legalidad institucional.
Golpe de Estado, ruptura del hilo constitucional, violación flagrante de la Constitución, el calificativo es lo de menos, pero el caso es que los atropellos contra el estado de derecho y el sistema democrático son tan frecuentes y seguidos, que ya no debería haber dudas, ni quiera entre quienes promueven el dialogo, como por ejemplo, el Jefe de Estado Vaticano o el expresidente español Rodríguez Zapatero, de cuál es la verdadera naturaleza del gobierno de Maduro.
Hace unas semanas atrás, se cumplió un aniversario más del 19 de abril de 1810, por lo que no deja de llamar la atención que en el marco de esta revolución, aunque parezca contradictorio, se pretenda acabar con el Municipio como forma autónoma de gobierno fundamental, dándosele más importancia al poder comunal, en franco desconocimiento de nuestra propia historia. De ese mismo Municipio que tanto auge tuvo en la época de Felipe II con la Real Cédula de Toledo del año 1560, y que posteriormente jugó un papel preponderante en los movimientos independentistas hispanoamericanos, incluido por supuesto, el venezolano, iniciado en algún modo con la decisión del Cabildo o Ayuntamiento de Caracas, no de la comuna de Caracas, el 19 de abril de 1810, donde se manifestó la voluntad popular en contra del capitán general Emparan.
Aunque tal vez sea por eso, que al final de cuentas, a este gobierno no le gustan las alcaldías ni los municipios, ni el Estado, tal como son, y pretendan inventar unas estructuras nuevas, que no les sean adversas, mediante una constituyente comunal, que pensándolo bien, sería casi lo mismo que convertir a la asamblea constituyente que se elija, en una comuna.
A propósito de todo ésto, comunas incluidas, nos viene a la memoria, a manera anecdótica, la participación de la expresidenta argentina Cristina Kichner en los actos conmemorativos del Bicentenario de la Independencia de Venezuela, hace siete años, quien en su discurso como oradora de orden ante la Asamblea Nacional y con Chávez presente, dijo, tal vez sin darse cuenta, pero con gran acierto y sentido de la historia, que «no hay poderío militar que pueda contra la voluntad de un pueblo que decide liberarse».
