Autor: Jaime Vernaza Trujillo

Comenzó enero y París entristecía. La otrora ciudad de las luces sentía replicar su dolor en cada paso que daban las más de tres millones de personas que caminaron sus avenidas demostrando, según era la intención, unidad y rechazo a la barbarie en la que terroristas islámicos la han sometido.

Impresionante e histórica marcha que dejó saber al mundo lo acongojado que estaban los marchantes, entre ellos, líderes mundiales que fueron a ser parte del evento.

Luego todos a sus casas y nada ha pasado. Guardando las gigantescas proporciones, me recordó las marchas blancas de mi tocayo.

La constitución ecuatoriana, norma suprema prevalece sobre cualquier
otra del ordenamiento jurídico pero ubica sobre ella los tratados
internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado que
reconozcan derechos más favorables a los de la Constitución, que
prevalecen sobre cualquier otra norma jurídica o acto del poder
público. Así nos informa en su artículo 424.

Las FFAA y PPNN son instituciones de protección de los derechos,
libertades y garantías de los ciudadanos. Así dice textualmente el
artículo 158 de la misma norma. Función específica que no pueden
rehuir. No cumplirla es desconocer un mandato de la constitución que
ellas sí juraron respetar.

Correa reconociendo implícitamente el fracaso de su gestión de salud pública a cuyos servicios nadie quiere acogerse , ha pedido al IESS que a las clínicas Privadas sean mandados los afiliados pobres y no los que tengan una posición socioeconómica que les permita pagar servicios privados de salud.

Por ley los afiliados a IESS , sin distinción de condición económica , tienen derecho a recibir los servicios que el Seguro Social otorga,incluyendo los de atenderse en cualquier clínica u hospital privado en las condiciones establecidas por dicho instituto, condiciones que no pueden discriminar a un afiliado en razón de su economía personal.

Rafael Correa ha repetido hasta el aburrimiento que sus opositores tratan de negarle a los ciudadanos el derecho de reelegir a las autoridades que deseen, aunque su insistente cinismo no tendría como intención aburrirlos sino aburrarlos.

Juega con las palabras como todo parlanchín demagogo. La oposición no trata de negarle al ciudadano el derecho a reelegir a la autoridad que desee,si ésta se postula, el que trata de negarle al ciudadano el derecho a decidir en las urnas si conviene o no reelegir a las autoridades , es justamente Correa.

Correa no quiere que el ciudadano lo decida , le niega ese derecho y por medio de sus secuaces en la Corte Constitucional consigue que sean sus secuaces de la Asamblea quienes lo hagan de acuerdo a sus disposiciones, marginando al pueblo de su derecho a opinar en tan importante materia. Esa es mi opinión.

Hablar de un gobierno despótico , de su demagogia, de su cinismo, de su corrupción protegida , del daño que ha hecho al país creando odiosidad entre clases ; del despilfarro, de su apoyo a gobiernos sanguinarios del medio oriente , a las dictaduras cubana y venezolana, de sus insultos y falta de respeto a quien no piense como él, del control asquerosamente vergonzoso del poder judicial y del electoral, de la inseguridad , etc. etc. tuvo su momento, pues fue necesario que quienes sentimos el país hayamos hecho conocer nuestras denuncias y opiniones a la ciudadanía que por largo tiempo fue reacia a escucharnos.

Esa etapa ya concluyó, hora todos lo saben y sienten lo despótico de un gobierno y son conscientes de su absoluta indefensión si no aceptan el vasallaje que a la fuerza ha impuesto el déspota en ésta patria que alguna vez fue libre a sangre y fuego y no genoflixionada ante su opresor.

EL VOTO EN BLANCO ES VÁLIDO, MANIFIESTA UN SENTIMIENTO MÁS QUE INTELIGIBLE: el sentimiento de disconformidad, indignación, rechazo a lo que nos ponen a elegir, ya por su forma ya por su fondo. Lo que de acuerdo a la constitución y Código de la Democracia lo obliga a ser tomado en cuenta como valido en el pronunciamiento popular de mayo 7. Veamos:

La Constitución de Montecristi , en su artículo 106 dispone:

“Para la aprobación de un asunto propuesto a referéndum, consulta popular o revocatoria del mandato, se requerirá la mayoría absoluta de los votos válidos, salvo la revocatoria de la Presidenta o Presidente de la República en cuyo caso se requerirá la mayoría absoluta de los sufragantes.”