La gente quiere vivir en prosperidad y requiere trabajo e ingresos suficientes para cubrir gastos de vivienda, alimentación, educación, salud, seguridad social, jubilación, entre otros, y ahorrar. Las expectativas de una sociedad, por mínimas que sean, responden siempre a una racionalidad no politizada que no conjuga con el debate izquierda vs derecha, sea este con o sin populismos. En nuestro caso y con el propósito de obviar cualquier desviación filosófica y marginarnos de todo debate ideológico, bastaría con avanzar hacia la consecución de un Estado menos imperfecto a través de una institucionalidad forjada intrínsecamente en el Estado de derecho. ¿Vamos por el camino correcto?
Si nos afincáramos en la premisa de que el Estado es generalmente ineficiente y hoy por demás obeso, ¿por qué centrar entonces expectativas de que este en sus actuales condiciones solucione nuestros problemas? El crecimiento económico (no más impuestos), factor preponderante en la generación de empleo, requiere de un Estado ágil, reducido en su tamaño y presupuesto, pero sólido en su capacidad para promover el bien común a través de una seguridad jurídica sustentada en preceptos constitucionales y leyes acordes a estos tiempos. Montecristi 2008 es un atentado contra el futuro del país. ¿Cuándo seremos consultados sobre una nueva Carta Magna?
La tarea es titánica y la única receta válida a ser implementada implica racionalidad política y ortodoxa sensatez económica. No existen atajos para alcanzar aquella lejana y anhelada prosperidad.
