En el Ecuador el 30 de septiembre del año pasado, el mal manejo de una revuelta policial hizo que la situación se torne en una crisis que podía verse afectada la institucionalidad del país; pese a que la Constitución de Montecristi, engendrada en los cenáculos del partido de gobierno, estableció claramente las misiones de los militares y de los policías; ese día, las Fuerzas Armadas tuvieron que intervenir para garantizar el orden constituido y restablecer la paz ciudadana.

La Constitución que nos rige, le da la potestad al presidente que mediante la declaración del estado de excepción, las Fuerzas Armadas puedan ser movilizadas, esta situación tiene su límite y es la vuelta a la normalidad. Sin embargo que el país volvió a la normalidad se sigue abusando de esta potestad legal y los militares están siendo utilizados para dar seguridad al parlamento y a otras instituciones; pese a no tener el entrenamiento y no disponer del armamento y equipo adecuados se los mal utiliza en la seguridad interna lucha contra la delincuencia y de carceleros además, también se los ha hecho intervenir en los desalojos de los invasores de tierras, los mismos que han sido alentados y estafados por traficantes de tierras vinculados políticamente con el gobierno.