16 junio, 2024

Libertad de decisión y gestión para la salud

La seguridad social es obligatoria en el país, así lo consagra el artículo 34 de la Constitución del Ecuador. El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), forma parte del Sistema Nacional de Seguridad Social, es la entidad gubernamental designada de la salud del trabajador con nivel de dependencia, autónomo, profesional o informal. Además, de protegerlos contra riesgos de trabajo, muerte o invalidez y cesantía.

En el artículo 32 de la constitución, la salud es un derecho que garantiza el Estado mediante políticas económicas, sociales, culturales, educativas y ambientales. De estas políticas que fortalecen la salud, las más impactantes son las económicas y la educativas, sin desmerecer las demás, la primera maneja el dinero público que se asigna a la salud y la segunda educa a través de la salubridad y la práctica deportiva. Ambas se complementan, porque una buena política de educación física y salubridad para la población ahorraría cuantiosas cantidades de visitas a las congestionadas instalaciones del IESS.

En lo público, siendo muy amplio el concepto de enfermedades y atenciones médicas, tanto el IESS como el Ministerio de Salud, deberían trabajar más de cerca con instituciones privadas acreditadas, bajo tablas de precios y condiciones como suelen hacer las compañías aseguradoras de salud privada donde entregan la lista a sus clientes de la cobertura a la cual pueden acceder en hospitales y a especialistas privados con límite en el costo de los servicios médicos.

Esta propuesta universaliza la atención médica del afiliado cuya cedula de identidad debería ser suficiente para acceder a la nueva red de salud que se formaría; además, originaría buena competencia entre médicos, clínicas, dispensarios y hospitales privados por servir al afiliado.

Ahora bien, siempre habrá un límite en los costos de los privados que el IESS estaría dispuesto a pagar siendo ese límite necesario, porque los dineros que se aportan resultan insuficientes con una población que envejece y cuyo promedio de vida es cada día superior al pasar los años.

En Ecuador desde los 90s hasta la actualidad, la esperanza de vida se ha incrementado de 67 años a 75 años para los hombres y de 71 años a 80 años para las mujeres; es decir, el reto en salud es muy grande para el país, por lo que se torna urgente la mayor participación del sector privado en la salud pública, ya que un solo deseo constitucional, no bastaría para saber que a la larga el cuero no alcanza para tantas correas.

Los economistas de libre pensamiento nos vemos en la obligación de recordar que “no existe almuerzo gratis” en esta vida, dado que cuando las cosas se complican, el trabajador terminaría pagando su propia atención con incremento en el porcentaje afiliación o con más impuestos. En otras palabras, cada derecho consagrado en la constitución termina el pueblo pagándolo vía impuestos y el político administrando los recursos a su discreción y ante ello tanta corrupción en el Estado.

Se dejó a un lado la libertar de competir y de permitir al sector privado contribuya con las soluciones a los problemas públicos.

Me preguntaran: ¿Qué pasa si el Estado no paga? ¿Acaso no es lo mismo a lo que ocurre en la actualidad con Solca y los hospitales de la Junta de Beneficencia? Contesto, si y no necesariamente.

Algún orden tiene que existir en la función pública y ese orden arranca con la facilidad de aprobar dispensarios y clínicas privadas que pasaron por el proceso de selección como proveedor de servicios a los afiliados. En el caso de Guayaquil, todos conocemos que Solca y la Junta de Beneficencia están facultadas para hacerlo por su idoneidad como mucho otros centros de profesionales en el resto del país. En el caso de que el IESS se declare incapaz de solventar el problema designado por ley, tengan la seguridad que dinero podría sobrar si acuden a la ayuda del sector privado en la selección de los servidores de la medicina.

Atendiendo la salud de las principales ciudades del Ecuador, hubo ya mala experiencia. A través de las auditorías se ha cuantificado un mecanismo desordenado que terminó en grandes deudas a las clínicas privadas. Esa “experiencia” deberá servir para elegir mejor. Habrá muchas clínicas y profesionales de la salud que no deseen ser más proveedores del Estado, así como habría nuevos actores que querían colaborar con esa labor de descongestionamiento de los servicios de la salud y ganar dinero.

Instituciones que tienen que haber sido probadas en su honradez podrían participar cuyo radio de servicio sean zonas habitadas descentralizadas; es decir, atención de calidad que cubra los barrios periféricos de las ciudades, serían parte de la prioridad en la selección de clínicas, hospitales o dispensarios, pues lo óptimo es que el afiliado acuda a la ayuda médica en su propio barrio.

Como el mercado corrige todo, los proveedores de salud pueden quebrar por falta de pago del IESS y también pueden perder plata por la competencia con otros servidores de la salud donde se incluyen las mismas dependencias del IESS.

Como no hay mal que dure 100 años, es una responsabilidad del directorio del IESS el pago puntual de las deudas al sector privado que pudiera dejar de atender a falta de pago; en otras palabras, si el IESS no es eficiente pasaría a ser un mero administrador de los fondos de la salud dado que la ley lo faculta para aquello.

El IESS pudiera auditar los servicios de la salud pública en manos privadas, si le permiten que compitan sin violar la “constitución”, caso contrario existen mil razones para cambiar aquella dogmática del 2008.

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