Los gobiernos no son responsables por la pobreza que experimentamos, quienes nos han gobernado sí. Aún si tuviésemos un alto índice de institucionalidad la responsabilidad por las monumentales fallas en políticas públicas debería quedar establecida a título personal. El argumento se sustenta en que son los políticos, individualmente, quienes más provecho han sacado de toda esta hecatombe económica y social. ¿Alguien podría desvirtuarlo?
Desde el retorno a la democracia hemos evidenciado la progresiva decadencia de los partidos y movimientos junto a la autoritaria vigencia de los personalismos políticos. Sin embargo, y más allá de cualquier coyuntura política, las evidencias apuntan hacia un razonamiento inequívocamente práctico, técnico y racional: no existe sistema alguno más eficiente para eliminar la pobreza que el libre mercado. Este sistema claramente no es perfecto, nada lo es, y apenas como muestra, ¿cabría imaginarnos lo que sería de nuestras industrias bananera, atunera, acuícola, cafetera y florícola si estuviesen en manos estatales?
No existe experimento izquierdista alguno que haya masivamente producido plazas de trabajo de manera sistémica y a largo plazo con la consecuente reducción de la pobreza. Será difícil revertir a corto y mediano plazos la desvalorización de los movimientos políticos, pero mientras los individuos que las comandan no estén dispuestos a sentar la vigencia del libre mercado por sobre la preponderancia del Estado el país seguirá produciendo cada vez más pobres y menos trabajo.
