Persecución Política

Todos aquellos que están inmersos en hechos delictuosos sean de la índole que fuere, alegan muy sueltos de huesos que lo que existe contra ellos es una persecución política. Es la cantaleta de moda que les da notoriedad, como si la política en este país ya de por si no esta tan venida a menos.

Los hechos de corrupción que se cometieron en el gobierno de Correa, donde se levantaron con el santo y la limosna, los que están involucrados aducen ser perseguidos políticos. Las imputaciones y posteriores sentencias no son sino una caza según los implicados, no obstante que los hechos han sido debidamente comprobados.

En los delitos de Delincuencia Organizada que se tramitan contra los hijos de Abdala Bucaram, como los de Fraude y corrupción en contra de Daniel Salcedo y su hermano, que se generaron en la compra de medicamentos en el estado de excepción por la pandemia del coronavirus, ya se invoca por parte de los involucrados que lo que hay es una persecución política.

En el reparto de dinero y de cargos por el caso del Hospital de Pedernales, los Asambleístas que están metidos en el lio, también indican que está incorporada según ellos una persecución política. El espíritu de cuerpo está funcionando, hay un silencio sepulcral.

Los dirigentes indígenas Jaime Vargas y Leónidas Iza, investigados por los hechos de octubre del 2019, donde secuestraron a policías y periodista; pidieron que se le quitara el respaldo al patojo del presidente; solicitaban el cierre de los pozos petroleros y en general incitaban a la violencia, indican abierta y paladinamente, que el único responsable es el gobierno y que ellos son perseguidos políticos. Caras duras, mentiroso, los hechos fueron más que evidentes.

Las manifestaciones que se dieran el 12 de octubre pasado en Quito y que desembocaron en vandalismo contra la estatua de Isabela Católica y, se observaba al dirigente indígena Iza en abierto salvajismo, ¿serán consideradas también una persecución política? Las tomas de los acontecimientos son reveladoras.

Cabe indicar que en una entrega anterior que titule “Las Costuras”, donde exteriorizo las acciones de los dirigentes indígenas, me han calificado como una persona que debería ser enjuiciado por Delito de Odio. ¿El   evidenciar los hechos resulta que es un delito?

El Juicio Político que se le sigue a la Ministra de Gobierno, María Paula Romo, a cargo de tres asambleístas, eso es indudablemente una persecución política, por el solo hecho ejercer el cargo en forma eficiente.

Si algo se siente que ha cambiado en el país es la libertad de expresión; falta aún una justicia, pero lo que no se ha demostrado es una persecución política.