23 febrero, 2024

El Ecuador importará esclavos vestidos de blanco

04.10.2013

El Estado según la Constitución Política de la República del Ecuador tiene la obligación de garantizar el derecho a la salud, su promoción, protección y el acceso permanente e ininterrumpido a los servicios de salud.

Ley vigente en nuestro país y se ha cacareado bastante sobre nuevos hospitales equipos de vanguardia y la Maná cayendo del cielo. Mitos incrustados por el Gran Mitómano, pero ni los niños reciben la atención necesaria para crecer de forma saludable; por lo que su tasa de mortalidad es muy alta en casos demasiado fáciles.

Salud es tener un estado adecuado de bienestar físico, mental, social y ambiental. Se trata de una condición elemental de la vida colectiva, no es simplemente la ausencia de enfermedades en las personas.

En nuestro país aún no existe una política nacional de salud, han habido “políticas” y planes confusos emanados del Ministerio de Salud Pública (MSP) y sin duda un pésimo control de insumos.

Existe constancia de galenos y enfermeras ecuatorianos que han trabajado por sumas irrisorias y en condiciones infrahumanas; pero que han cumplido más allá del deber.

Pese a la enorme cantidad de facultativos existentes, hoy se prepara otra masiva “importación” de esclavos del régimen Cubano. Ellos reciben ciertas vituallas y únicamente lo que corresponde a unos 20 (veinte) dólares mensuales de sus amos de Cuba, incluida la responsabilidad primordial de adoctrinar a la población. Y los nuevos mercaderes de tiranizados un valor altísimo por la “mercancía”.

Los médicos cubanos Julio César Lubian, Ileana Mastrapa, Miguel Majfud, María del Carmen Milanés, Frank Vargas, John Doe y Julio César Diéguez, y el enfermero Osmani Rebeaux, prisioneros de la causa, aseguran en el litigio que han entablado contra Venezuela y Cuba, que en el marco del acuerdo cubano-venezolano los colocaron en una “condición de servidumbre por deuda” siendo así trucados en “esclavos económicos y promotores políticos”. La demanda es por una suma mayor a US$ 50 millones de dólares.

“La defensa argumentó que los demandantes viajaron a Venezuela bajo “engaño” y “amenazas” y fueron forzados a trabajar sin límite de horas en la ‘Misión Barrio Adentro’, en lugares con una alta tasa de delitos comunes y políticos, incluyendo zonas selváticas y la “beligerante” frontera con Colombia”, indicó Efe.

Los demandantes señalaron que vivían hacinados en residencias alquiladas o en casas de personas afectas al chavismo, mientras trabajaban sin la debida licencia para ejercer la Medicina en Venezuela.

Aseguraron además que se les impedía establecer relación con personas consideradas “problemáticas” por su posición política y que en caso de que si lo acataban serían sometidos a realizar trabajos forzados, se les castigaba regresándolos a Cuba o trasladándolos a zonas peligrosas e inhóspitas del país.

El jurista Leonardo Arístides Cantón, hizo hincapié en que “el convenio de los gobiernos de Cuba y Venezuela constituye una flagrante confabulación comparable al comercio de esclavos en la América colonial”. Esta es la segunda demanda por presunta “esclavitud del Siglo XXI” que se interpone.

Cuando la prensa brasileña habla de “médicos cubanos contratados en régimen de esclavitud” no están hablando de “propaganda anti-cubana”, como lo caracteriza el castrismo internacional, ni siquiera de figuras literarias del Siglo XIX ya desaparecidas, sino del real contrato de trabajo a que son sometidos los “médicos” cubanos, quienes en su mayoría no han pasado los exámenes de sus colegas libres.

En Brasil se habla de “médicos cubanos contratados en régimen de esclavitud” porque el contrato de trabajo a que son sometidos los médicos cubanos es una forma de someterlos a presidio; una figura jurídica penalizada.

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Despidos Voluntarios

El Derecho ecuatoriano, se está reinventando y se pretende que resulte lícito y normal que un notificador del Ministerio que se supone defiende los derechos de los trabajadores, se presente en cuanta entidad pública se le ordene, al mando de un grupo policial, y retire de su lugar de trabajo a centenares de servidores, con la coerción de la presencia de los uniformados y exigiéndoles además, que firmen su renuncia a título de “voluntaria” para logar así un despido intempestivo que se lo podría calificar de desempleo sin anestesia.

El marco legal para tal procedimiento, lo constituye un decreto presidencial No. 813, dictado el 7 de julio del presente año, que dispone que las instituciones del Estado podrán establecer planes de compras de renuncias obligatorias –sic- con indemnización conforme a lo presupuestado, pagadero en efectivo.

Inexplicable

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