En nuestro país hemos tenido la suerte de tener unas Fuerzas Armadas democráticas, patriotas y profesionales ligadas a su pueblo; su origen lo dice todo, no han sido de elite, tampoco represivas y peor corruptas. Los militares han estado vinculados a la suerte de su pueblo, por ello han sido admirados, queridos y respetados; han cumplido su deber en la paz y en la guerra, razón suficiente para ser una de las instituciones de mayor prestigio del país.
La Constitución de Montecristi, engendrada en los cenáculos del partido de gobierno, estableció claramente las misiones de los militares y de los policías; en ésta le da la potestad al presidente que mediante la declaración del estado de excepción, las Fuerzas Armadas puedan ser movilizadas, esta situación tiene su límite y, es la vuelta a la normalidad. Sin embargo que el país volvió a la normalidad se sigue abusando de esta potestad legal y los militares están siendo utilizados para cumplir misiones que le corresponde a la Policía Nacional, institución preparada y equipada para la seguridad ciudadana. Entre otros menesteres, los militares están custodiando edificios públicos, en acciones antidelincuenciales, dando seguridad a la Asamblea, controlando espectáculos públicos; en el control del narcotráfico, desalojando a gente pobre que ha sido engañada por traficantes de tierras mercenarios al servicio del gobierno de turno, a los ojos de esta pobre gente ve a los soldados como represores, triste papel que les ha asignado el gobierno de la revolución ciudadana a las gloriosas Fuerzas Armadas.
Con motivo de los exámenes de evaluación a los estudiantes que aspiran a ingresar a las universidades, la prensa destaca que esto se hizo “Con presencia militar y policial”.
El presidente Correa en días anteriores habló que se estaba fraguando una conspiración para desestabilizar su régimen que era muy similar al 30-S y de un supuesto “Plan Revancha”; según la denuncia estaban involucrados políticos, militares en servicio activo y pasivo, incluso dijo que los supuestos conspiradores eran “verdaderos traidores a la patria”; el canciller Patiño amplio la denuncia y dijo “que existe un ‘plan combinado’ entre grupos nacionales e internacionales para dar un golpe de estado en el país”; por último el Ministro de Defensa declaró que dicho plan había “abortado”. ¿Acaso dicha denuncia, sin pruebas, no desprestigian a las FF.AA? ¿Llamar traidores a la patria a quienes la defendieron, incluso a costa de su vida, no es difamarlos?
El presidente Correa ha insistido en sus sabatinas que “toda denuncia debe estar debidamente comprobada”; estamos esperando señor presidente, los nombres, hechos y circunstancias de la supuesta conspiración o ¿sólo es una cortina de humo?
