En Cuba todos los medios de comunicación son propiedad del Estado que, a través de su gobernante, ejerce control: nombra directivos, define la línea editorial, fiscaliza para impedir que se filtre alguna crítica. Los medios existentes son concebidos y utilizados como órganos de propaganda gubernamental, y desde 1959 hasta la fecha son “instrumentos de trabajo ideológico del Partido Comunista”. Allí no se acreditan ni medios ni corresponsales extranjeros, salvo que pertenezcan a países comunistas socios. La red Internet está prohibida para la población en general; las excepciones alcanzan para la investigación y el espionaje.
En Nicaragua funcionan pocos medios privados y para hacerlo evitan los cuestionamientos al régimen de Ortega por temor a las represalias. Medios y periodistas en esa nación gobernada por un matrimonio son acosados, estigmatizados, perseguidos, silenciados. Los críticos son apresados, desterrados, acusados de delincuentes, declarados traidores a la patria y hasta apátridas (les quitan la nacionalidad). Los familiares de Ortega ahora son propietarios de canales de televisión, radios y periódicos, que, sin vergüenza (s) se declaran prensa libre e independiente. El gobierno ha cerrado unos 40 medios y hay unos 150 periodistas exiliados. El gobierno hizo una ley en esta materia para su beneficio.
En Venezuela 200 radios y 10 canales de televisión han sido silenciados o son interrumpidos por el gobierno central. Alrededor de 100 periódicos han dejado de publicarse como consecuencia del monopolio del papel e insumos de impresión que el Estado maneja desde 2013. Periodistas y medios extranjeros son perseguidos y expulsados del país. Se estima en por lo menos 1.000 periodistas exiliados por el gobierno y por propia decisión ante el miedo de ir a la cárcel. Desde 2002 se han cerrado 400 medios. Los pocos que se denominan independientes trabajan en un ambiente súper restrictivo, y la oferta de medios estatales y de otros alineados con el régimen, que ha creado leyes relacionadas con la comunicación, se ha ampliado exponencialmente.
En los casos descritos las poblaciones se informan a través de las redes sociales que hasta ahora no han podido controlarlas totalmente. Son centenares los sitios web bloqueados. Aun así, los gobernantes de esos países tienen el aval y la profunda amistad de la Revolución Ciudadana que gobernó el Ecuador entre 2007 y 2017, y creó una Ley de Comunicación para impedir el funcionamiento de la prensa libre. Fueron años fatídicos para el ejercicio periodístico; fue una auténtica pesadilla porque dicho régimen censuró y criminalizó este noble trabajo.
Desde noviembre de 2022 rige una nueva ley que, sin ser la ideal, cuenta con la aceptación ciudadana y de los medios y gremios periodísticos. No obstante, a poco de ser electo, Xavier Lasso, asambleísta correísta, anunció que peleará una nueva ley para la materia. Su líder y muy cercano amigo, Rafael Correa, lo respalda y hace campaña para que así sea. Ambos y su organización no quieren libertades de prensa y de expresión ¿Aceptarán los ecuatorianos volver a la ley mordaza?
Lo que narras, Jorge, debe llegar a todos los periodistas, algunos por interés, otros por ignorancia, siguen siendo correístas. Que sepan que se les acabará la teta.
El nivel educativo de la mayoría de nosotros, los ecuatorianos, no permite darse cuenta de la importancia de la libertad de expresión y prensa.