La “Ley de Líneas de Base de Dominio Marítimo”, vigente en el Perú, establece que el límite marítimo con Chile es una línea equidistante, entre el paralelo y la perpendicular al límite costero, posición que Chile rechaza y señala que el límite marítimo se estableció en 1952 y se ratificó en Lima en 1954; estableciendo como límite marítimo, la línea del paralelo geográfico que corta el punto en que la frontera internacional terrestre llega al mar.

Los tratados tanto de 1952, firmados en Chile, como el de 1954 en el Perú fueron suscritos por Ecuador, Chile y Perú; por lo tanto, lo que sostiene Perú frente a Chile, de una u otra forma atañe al Ecuador, pese a las reiteradas declaraciones de la cancillería peruana e incluso las del Presidente Alan García “que con el Ecuador no hay ningún problema de límites”, en materia de limites no hay que descuidarse y hay que actuar con extremada prudencia. Eso no quiere decir que la demanda interpuesta en la Haya por el Perú, que reclama alrededor de 35 mil kilómetros cuadrados de jurisdicción marítima, los mismos que están bajo soberanía chilena, no sea de nuestra incumbencia, ya que los tratados firmados en Chile y Perú, el Ecuador está incluido.

Igual que en los pozos petroleros, una vez que se ha producido un incendio, difícilmente se lo puede controlar; la febril decisión, especialmente de la juventud, armada solamente de las redes sociales, ha logrado tumbar a las tiranías casi perpetuas de Túnez y de Egipto; ahora ese mismo fervor ha contagiado al pueblo Libio y el ímpetu libertario sigue amenazando a otras satrapías vecinas y del Medio Oriente, que creen que están poniéndose a salvo, haciendo ciertas concesiones a sus pueblos y algunos cambios cosméticos en sus conductas.

Los sátrapas que están cayendo y los otros que han puesto las barbas en remojo, en su momento se hicieron del poder, en su mayoría, sustituyendo a monarquías corruptas; lograron seducir a sus pueblos y los convencieron que eran sus salvadores y que estaban para redimirlos, de esa forma se perpetuaron en el poder.

En el Ecuador el 30 de septiembre del año pasado, el mal manejo de una revuelta policial hizo que la situación se torne en una crisis que podía verse afectada la institucionalidad del país; pese a que la Constitución de Montecristi, engendrada en los cenáculos del partido de gobierno, estableció claramente las misiones de los militares y de los policías; ese día, las Fuerzas Armadas tuvieron que intervenir para garantizar el orden constituido y restablecer la paz ciudadana.

La Constitución que nos rige, le da la potestad al presidente que mediante la declaración del estado de excepción, las Fuerzas Armadas puedan ser movilizadas, esta situación tiene su límite y es la vuelta a la normalidad. Sin embargo que el país volvió a la normalidad se sigue abusando de esta potestad legal y los militares están siendo utilizados para dar seguridad al parlamento y a otras instituciones; pese a no tener el entrenamiento y no disponer del armamento y equipo adecuados se los mal utiliza en la seguridad interna lucha contra la delincuencia y de carceleros además, también se los ha hecho intervenir en los desalojos de los invasores de tierras, los mismos que han sido alentados y estafados por traficantes de tierras vinculados políticamente con el gobierno.