Si las numerosas promesas electorales se hubiesen cumplido —incluso parcialmente— el país sería muy diferente, tendría un extraordinario índice de libertad económica con promisorias proyecciones sociales y un sólido perfilamiento al primer mundo. Casi medio siglo después, la luz de la prosperidad permanece apenas tenuemente —si acaso— al final de un túnel cada vez más largo.
El retorno a la democracia planteó hacer andar a un paralítico a través de exportaciones petroleras. La apertura comercial fue delimitada por cuotas definidas por el Pacto Andino y restricciones a las importaciones y al comercio en su conjunto. El Estado —esquilmado por sus políticos— asumió un papel incluso más paternalista y el país se tornó proteccionista de su propia debacle.
La globalización y las demandas internas por mejores resultados provocaron una apertura del sistema en general, pero limitada y a cuentagotas. Salvo por la introducción del dólar y su aporte a la reformulación económica y financiera, la competitividad quedó relegada a un tercer plano por las ineficiencias en la cadena productiva y los absurdos presagios de pérdida de soberanía.
El cataclismo socioeconómico de los últimos 20+ años ha desmitificado la importancia del Estado de derecho en el progreso del país. La desinstitucionalización ha provocado que el paralítico de hace 50 años sea ahora también famélico e indigente, acosado por mafias transnacionales y con sujetos políticamente domesticados al tenor del poder. La institucionalidad es la ruta para cambiar el destino.
