El derecho no es una ciencia estática; por el contrario, es una disciplina eminentemente social que evoluciona junto con la sociedad para responder a sus nuevas realidades. Los cambios políticos, económicos, tecnológicos y sociales obligan al legislador a adaptar las instituciones jurídicas a los desafíos de cada época. Las normas que ayer fueron suficientes pueden resultar hoy insuficientes frente a fenómenos delictivos cada vez más complejos y globalizados.
El desafío del crimen organizado transnacional
Por ejemplo, uno de los mayores desafíos del siglo XXI es el crimen organizado transnacional, particularmente el narcotráfico. Estas organizaciones criminales no reconocen fronteras ni jurisdicciones; operan simultáneamente en diversos países mediante redes dedicadas al cultivo, producción, transporte, distribución y comercialización de drogas, así como al lavado de activos, el tráfico de armas, la trata de personas y otros delitos conexos. Su capacidad económica, logística y tecnológica es más fuerte que la de muchos Estados.
Por otro lado, la experiencia de países como Colombia y México demuestra el enorme costo humano, social y económico que genera el crimen organizado. Ecuador, lamentablemente, tampoco ha permanecido al margen de esta realidad. El incremento de la violencia, la consolidación de organizaciones criminales y el aumento del consumo de drogas entre niños, adolescentes y jóvenes evidencian que el país enfrenta un fenómeno que supera el ámbito estrictamente nacional y exige respuestas coordinadas con la comunidad internacional.
Frente a esta nueva realidad, el derecho debe ofrecer instrumentos eficaces para impedir que las fronteras nacionales se conviertan en refugio de quienes han cometido delitos graves o pretenden eludir la acción de la justicia. Además, la cooperación internacional en materia penal ha dejado de ser una opción para convertirse en una necesidad indispensable en la lucha contra la delincuencia organizada transnacional.
El alcance de la nueva normativa
En este contexto debe entenderse la nueva ley de extradición. Su aprobación representa un avance significativo en la modernización del ordenamiento jurídico ecuatoriano y responde al mandato constitucional aprobado por los ecuatorianos en la consulta popular de 2024, que permitió la extradición de nacionales en los casos previstos por la Constitución y la ley.
Asimismo, entre los principales aportes de la nueva ley destacan la regulación integral de la extradición activa y pasiva, la incorporación de procedimientos más claros y ágiles, el fortalecimiento del papel de la Corte Nacional de Justicia, una mayor coordinación entre las autoridades judiciales y diplomáticas, y reglas destinadas a otorgar mayor seguridad jurídica durante la tramitación de las solicitudes de extradición. Estas reformas buscan hacer más eficiente la cooperación penal internacional y fortalecer la capacidad del Estado para enfrentar el crimen organizado.
Ahora bien, toda nueva ley debe ser objeto de análisis crítico. Considero acertado fortalecer la extradición como instrumento de cooperación internacional; sin embargo, su eficacia dependerá no solamente de una legislación moderna, sino también de la existencia de tratados internacionales suficientes que permitan su aplicación efectiva. De poco servirá una buena ley si Ecuador no continúa ampliando y fortaleciendo su red de tratados de extradición y de asistencia penal internacional.
Por los motivos expuestos, la aprobación de la nueva ley de extradición constituye un paso importante para fortalecer la cooperación penal internacional y adecuar el ordenamiento jurídico ecuatoriano a los desafíos del crimen organizado transnacional.
