Una tragedia que Ecuador ya no puede ignorar
Las imágenes y noticias que circularon recientemente sobre el asesinato de un líder de una organización criminal en las inmediaciones del aeropuerto de Guayaquil volvieron a estremecer al país; sin embargo, más allá del hecho violento y de la gravedad del delito, existe un aspecto que debería preocuparnos aún más, los presuntos responsables serían dos adolescentes de apenas 14 y 15 años de edad.
La noticia no sólo refleja el crecimiento de la violencia criminal en Ecuador, también evidencia una realidad mucho más profunda y dolorosa, estamos perdiendo a nuestros niños y adolescentes frente al avance de las organizaciones delictivas.
Durante años hemos escuchado advertencias sobre el reclutamiento de menores por parte de bandas criminales; hemos visto cómo adolescentes son utilizados para transportar drogas, vigilar territorios, extorsionar, portar armas y participar en asesinatos. Sin embargo, como sociedad, hemos reaccionado tarde y de manera insuficiente; pues nos hemos acostumbrado a escuchar estas historias hasta convertirlas en una parte más de la rutina informativa nacional.
El problema no nació con este caso ocurrido en la Perla del Pacífico; lo que hoy observamos es el resultado de una crisis que se ha venido gestando silenciosamente en barrios vulnerables, donde la pobreza, la falta de oportunidades, la deserción escolar y la ausencia del Estado han creado el escenario perfecto para que las organizaciones criminales encuentren nuevos reclutas.
Las bandas han comprendido algo que las instituciones públicas no han logrado enfrentar con eficacia, un adolescente sin oportunidades es terreno fértil para el crimen organizado; cuando un joven crece en un entorno donde el dinero fácil parece ser la única alternativa, donde la violencia es cotidiana y donde la presencia estatal es prácticamente inexistente, el riesgo de ser captado por estructuras criminales aumenta considerablemente.
Lo más preocupante es que hemos normalizado esta realidad, ya no sorprende escuchar que menores de edad participan en delitos de extrema violencia, tampoco sorprende saber que existen estructuras criminales dedicadas a entrenar y adoctrinar jóvenes para convertirlos en parte de sus organizaciones; lo que debería generar una alarma nacional, muchas veces termina siendo una noticia más que desaparece de la conversación pública en cuestión de días.
Nuestro país necesita una política integral de rescate y protección de niños y adolescentes en situación de riesgo; esto implica fortalecer el sistema educativo, ampliar programas deportivos y culturales, generar oportunidades de formación técnica y empleo juvenil, brindar atención psicológica a familias vulnerables y recuperar los territorios donde las bandas han reemplazado la presencia institucional.
El caso ocurrido en Guayaquil debe convertirse en un punto de inflexión, no podemos seguir actuando únicamente cuando la violencia alcanza niveles extremos; la prevención debe convertirse en una prioridad nacional porque cuando un adolescente de 14 años empuña un arma para quitarle la vida a otra persona, el problema no comenzó el día del disparo, empezó mucho antes, cuando todos vimos las señales y decidimos no hacer nada.
Hoy enfrentamos una decisión histórica, continuar administrando las consecuencias de la violencia o construir las soluciones que permitan rescatar a una generación que aún puede ser salvada; el tiempo para actuar se está agotando y cada día de indiferencia representa una nueva victoria para quienes han hecho del reclutamiento de nuestros niños un negocio criminal.
Autora
Ali Luna Fun-Sang
