La concentración del poder del Ejecutivo y los candados constitucionales de Montecristi no permitirán salir de la crisis económica y social del Ecuador

Ecuatorianos:

Soy Manuel Posso Zumárraga, profesional del Derecho con estudios en política pública, seguridad social y derechos de los adultos mayores. En esta oportunidad quiero compartir con ustedes una reflexión sobre la necesidad de una nueva Constitución o, al menos, de una reforma estructural profunda a la Carta Magna de Montecristi de 2008, como una salida democrática y responsable frente a la crisis económica, política y social que vive el Ecuador.

Para entender este debate, pongamos el tema en contexto. La Constitución de Montecristi, aprobada en el año 2008, está estructurada en dos grandes partes:

La parte dogmática: Conformada por principios, derechos y garantías fundamentales que, en teoría, deben ser protegidos y aplicados por la Función Judicial.
La parte orgánica: Donde se estructura el Estado ecuatoriano y se distribuyen las competencias de las instituciones públicas encargadas de producir bienes y servicios para la ciudadanía. Y es precisamente en esta parte donde se concentra el verdadero poder del Ejecutivo.

En el artículo 1 de la Constitución se establece que el Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural y laico. A simple vista, parecería una Constitución moderna, garantista y orientada al “Buen Vivir”. Sin embargo, más allá de los principios y declaraciones, la realidad política y económica del país demuestra que existe una excesiva concentración de competencias en el poder presidencial.

¿Dónde está el problema de fondo?

El verdadero candado constitucional se encuentra en el diseño del Estado y en la acumulación de facultades que la Constitución entrega al Ejecutivo. Si revisamos el artículo 261 de la Constitución, veremos que el Estado central concentra competencias estratégicas y decisivas en prácticamente todos los ámbitos nacionales. No se necesita ser abogado para comprender el alcance de este poder.

Entre otras áreas, el Ejecutivo tiene influencia directa o control sobre:

La defensa nacional y la seguridad interna.
El orden público y las relaciones internacionales.
La política económica, tributaria, fiscal, monetaria y arancelaria.
El endeudamiento público y el comercio exterior.
La planificación nacional.
La salud y la seguridad social.
La educación y las telecomunicaciones.
Los recursos energéticos, forestales e hídricos.
Los puertos, aeropuertos y transporte.
Las empresas públicas y sectores estratégicos.
La administración de recursos naturales y biodiversidad.

A ello se suma la influencia política que el Ejecutivo mantiene en organismos de control, empresas estatales y entidades estratégicas del país. Además, tiene las facultades de actuar como colegislador y designar a sus delegados al IESS, ISSFA, ISSPOL, Superintendencia de Bancos y Compañías, SRI, Consejo de la Judicatura, CNE, etc., quienes no son sujetos de fiscalización adecuada, hacen lo que les viene en gana y no pasa nada.

El problema no es únicamente jurídico; es político e institucional. Cuando demasiado poder se concentra en una sola función del Estado, el equilibrio democrático se debilita y las instituciones pierden independencia. Por eso, el debate sobre una nueva Constitución no debe convertirse en una herramienta para consolidar liderazgos personalistas ni abrir el camino a reelecciones indefinidas. El Ecuador ya vivió las consecuencias de proyectos políticos construidos alrededor de la concentración del poder.

La verdadera reforma constitucional debe tener otro objetivo: fortalecer la democracia, garantizar la independencia de funciones, limitar el hiperpresidencialismo y devolverle al ciudadano el control institucional del Estado. No se trata de reemplazar una concentración de poder por otra; se trata de construir reglas claras, equilibrio institucional y seguridad jurídica para todos los ecuatorianos.

Los candados y la crisis actual

También debemos reconocer que existen candados constitucionales en los artículos 442, 443 y 444, que dificultan reformas profundas al modelo político actual y que, en muchos casos, dependen de interpretaciones de la Corte Constitucional.

Mientras tanto, el Ecuador continúa atrapado en una crisis económica y social marcada por:

El endeudamiento y la fragilidad institucional.
La inseguridad ciudadana.
La crisis energética.
La desconfianza pública y el debilitamiento de sectores estratégicos como la seguridad social y el aparato productivo nacional.

Por eso considero que el país necesita un gran pacto ético y nacional entre gobierno, trabajadores, empresarios, academia y sociedad civil. Un acuerdo que deje de lado intereses personales, partidistas o corporativos, y que permita construir una transición democrática hacia un nuevo modelo institucional más equilibrado, más transparente y más eficiente.

La unidad nacional no puede edificarse sobre la concentración ilimitada del poder, sino sobre el respeto a la diversidad, la honestidad política, la independencia de funciones y la participación ciudadana. El Ecuador necesita cambios estructurales profundos, pero esos cambios deben servir para fortalecer la democracia y las libertades, jamás para justificar proyectos de poder indefinido o caudillismos políticos disfrazados de reforma constitucional.