Yo siempre he sostenido que el Ecuador está sentado sobre enormes riquezas: oro, petróleo, cobre, biodiversidad y una creciente oferta exportable de productos no tradicionales. Sin embargo, mientras el país posee abundantes recursos naturales, miles de familias siguen atrapadas en la crisis económica, el desempleo y la informalidad. La gran pregunta es evidente: ¿por qué un país rico mantiene ciudadanos pobres?
La respuesta no está solo en la existencia de recursos, sino en cómo se administran, cómo se controlan y cómo se distribuyen sus beneficios.
El crecimiento del aporte minero formal
Las cifras de 2024 reflejan que la minería legal se convirtió en uno de los sectores más dinámicos de la economía ecuatoriana. El sector entregó al fisco aproximadamente USD 1.002 millones, equivalentes a cerca del 5 % de la recaudación tributaria nacional. Este crecimiento se consolidó desde la entrada en operación de proyectos como Fruta del Norte y Mirador.
Las regalías mineras aumentaron notablemente, impulsadas por los altos precios internacionales del oro y cobre, pasando de USD 35,6 millones en 2020 a USD 109 millones en 2024.
Mientras tanto, el petróleo, históricamente principal sostén fiscal del país, ha reducido su peso relativo. Esto confirma una reality: la minería formal puede transformarse en una nueva columna económica nacional, siempre que exista orden institucional, transparencia y sostenibilidad.
El gran problema: la minería ilegal avanza donde el Estado retrocede
Pero mientras la minería formal enfrenta trámites, restricciones, conflictos sociales y demoras burocráticas, la minería ilegal avanza sin freno.
Uno de los casos más graves ha sido Buenos Aires, convertido en símbolo nacional del caos minero: invasiones, destrucción ambiental, explotación laboral, presencia de redes criminales, tráfico de combustible, armas, lavado de dinero e incluso participación de grupos extranjeros.
Cuando el Estado llega tarde, entran las mafias. No basta con operativos militares aislados ni acciones espectaculares. El problema requiere una política integral y permanente.
Medidas urgentes para contrarrestar la minería ilegal en Buenos Aires e Imbabura
1. Presencia permanente del Estado, no operativos temporales
Instalar una base conjunta estable entre Fuerzas Armadas, Policía, Fiscalía, Agencia de Regulación Minera y Ministerio del Ambiente en la zona. No sirve entrar una semana y salir al mes siguiente.
2. Inteligencia financiera para golpear a los verdaderos jefes
Detrás del minero informal muchas veces hay financistas invisibles. Se debe investigar:
- Cuentas bancarias sospechosas.
- Compra irregular de maquinaria.
- Exportaciones ficticias de oro.
- Lavado de activos por cooperativas de ahorro y crédito y sistema bancario.
- Redes transnacionales.
Golpear al peón no basta; hay que capturar al financista.
3. Formalización minera comunitaria
Muchos pequeños mineros trabajan por necesidad. El Estado debe crear programas rápidos de:
- Permisos simplificados.
- Cooperativas legales.
- Capacitación técnica.
- Compra formal del mineral.
- Seguridad laboral.
- Tributación progresiva.
Quien quiera trabajar legalmente debe tener una puerta abierta.
4. Tecnología de vigilancia
Uso de drones, satélites, sensores térmicos y monitoreo en tiempo real para detectar nuevas excavaciones, campamentos clandestinos y rutas ilegales.
5. Recuperación ambiental obligatoria
Toda zona destruida debe entrar en planes de reforestación, descontaminación de ríos y recuperación de suelos financiados con bienes incautados a mafias mineras.
6. Control fronterizo y migratorio coordinado
Si existen redes extranjeras involucradas, se requiere cooperación con Colombia y otros países para el intercambio de inteligencia criminal.
7. Beneficio directo para Imbabura
Las comunidades aceptarán la legalidad cuando vean resultados concretos. Parte de regalías e impuestos debe quedarse en:
- Carreteras.
- Agua potable.
- Salud.
- Educación.
- Empleo juvenil.
- Seguridad rural.
Si la riqueza sale y la pobreza queda, el conflicto seguirá.
La contradicción nacional
Hoy Ecuador castiga muchas veces al empresario formal con trámites interminables, pero el ilegal perfora montañas sin permiso. Eso debe cambiar.
La minería formal regulada genera empleo, impuestos y divisas. La minería ilegal genera muerte, contaminación y mafias del narcotráfico.
Conclusión
El debate no debe ser minería sí o minería no. El verdadero debate es: ¿minería legal con beneficio nacional o minería criminal controlada por mafias?
Si Ecuador actúa con firmeza, transparencia y visión estratégica, el oro puede financiar desarrollo. Si continúa la improvisación, seguirá financiando violencia.
Porque donde el Estado se ausenta, siempre aparece el crimen y por eso es necesaria la nueva forma de hacer política con la Tercera Vía.
