La decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de adelantar las elecciones locales a noviembre próximo —en lugar de febrero de 2027— ha forzado a los partidos a una carrera contra el reloj para definir candidaturas, organizar primarias y superar los filtros legales.
El CNE justificó el adelanto de los comicios basándose en un informe que alerta sobre el supuesto impacto que podría tener el fenómeno de El Niño en los primeros meses del próximo año. En juego están 222 alcaldías, 24 prefecturas, cinco consejeros para el polémico Consejo de Participación Ciudadana y Control Social —encargado de elegir autoridades del Estado— y, posiblemente, una consulta popular.
La decisión ha disparado las alarmas en Revolución Ciudadana, la principal fuerza de oposición. El partido fue suspendido por nueve meses por el Tribunal Contencioso Electoral, tras la solicitud del fiscal que investiga un presunto lavado de activos contra varios de sus integrantes.
Con los detalles del caso bajo reserva, la sanción tiene una particularidad temporal: se levantará apenas concluyan las elecciones adelantadas. Sin embargo, los obstáculos legales van más allá de la personería jurídica. Sus cuadros más visibles, que buscaban la reelección, enfrentan un panorama judicial crítico: Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil, suma tres investigaciones y cumplió prisión preventiva en una cárcel de máxima seguridad. Mientras tanto, los alcaldes de Quito y Cuenca, junto con la prefecta de Pichincha, operan en el estrecho margen que separa sus aspiraciones electorales de posibles sanciones inhabilitantes.
Al interior de un gran número de movimientos, incluyendo los de Antonio Ante e Imbabura, prima el silencio. Nadie dice quiénes podrían ser los candidatos ni los partidos con los que podrían unirse en alianzas para llegar a la papeleta.
“Porque pueden ir tras ellos y bloquear más movimientos políticos”, confiesa un militante, como —según sostiene— ocurrió con Raíz Ciudadana desde el CNE de Ibarra.
El adelanto electoral, sumado a la proscripción temporal del principal partido de oposición, ha transformado la contienda en un mercado de siglas donde la ideología pasa a un segundo plano.
Un ejemplo drástico es el de Lucio Gutiérrez —quien lideró el golpe de Estado de 2000 y gobernó dos años con Sociedad Patriótica—, que ha abierto las puertas de su organización a candidatos del correísmo.
Otro caso es el impedimento del movimiento que busca formar un nuevo proyecto político denominado Raíz Ciudadana para Antonio Ante, cuyos impulsores sostienen que, de haber podido participar, habría superado ampliamente a precandidatos reencauchados y reciclados de movimientos tradicionales, que —afirman—, más que proyectos de cambio, poseen recursos económicos y buscarán alianzas incluso contra natura.
