Los ciudadanos y actores comprometidos con el Estado constitucional de derechos y justicia manifestamos:
Que, conforme a la Constitución de la República y el Código de la Democracia, el calendario electoral constituye una garantía esencial del sistema democrático, cuyo respeto asegura la igualdad de condiciones entre los actores políticos y la transparencia del proceso electoral.
Que los artículos 148 y 130 de la Constitución establecen, de manera expresa y taxativa, los únicos mecanismos para la terminación anticipada de los periodos constitucionales, sin que exista disposición alguna que habilite el adelanto de elecciones por causas distintas a las previstas en el ordenamiento jurídico.
Que el principio de legalidad en el derecho público obliga a las autoridades a actuar únicamente dentro del marco de competencias expresamente establecidas en la ley, prohibiendo interpretaciones extensivas o discrecionales que alteren el orden constitucional.
Que la invocación de fenómenos naturales como fundamento para modificar el calendario electoral carece de sustento constitucional y contraviene estándares internacionales, los cuales, en contextos similares, han privilegiado la postergación antes que el adelanto de procesos electorales, a fin de garantizar derechos políticos.
En tal virtud, exhortamos a las autoridades competentes, en particular al Consejo Nacional Electoral y a la Corte Constitucional, a:
- Respetar estrictamente el calendario electoral vigente.
- Garantizar la seguridad jurídica y el principio de legalidad.
- Abstenerse de adoptar decisiones que vulneren los derechos de participación política.
- Actuar con independencia e imparcialidad, en resguardo del orden democrático.
Advertimos que cualquier alteración indebida del calendario electoral compromete la legitimidad del proceso democrático y podría configurar una vulneración grave al orden constitucional.
Por la democracia, la Constitución y el Estado de derecho.
