Los inviernos crudos aquí y allá cobran vidas humanas y animales, hieren y desaparecen, dañan viviendas e infraestructura pública y dejan pérdidas millonarias. Si es aquí y allá es evidencia y confirmación que la naturaleza cuando quiere demostrar su poder no pide permiso, no hace diferencias, no tiene contemplaciones y, agréguese que, si se trata de demostrar su descontento por los ataques de la que es objeto permanente e intensamente por parte de los terrícolas, parece exclamar: frente al irrespeto no hay venganza.
Esa realidad, no obstante, tiene matices entre lo que sucede allá con lo que se registra aquí, y no precisamente porque la naturaleza haga distinciones, sino por la forma cómo se enfrenta el temporal por parte del poder público y del común de la gente. En ambos casos, cabe insistir, los problemas se presentan, sólo que en el primero antes de cada invierno se ponen en marcha acciones para mitigar y reducir su impacto; en el segundo, pese a los anuncios de acciones previas en cada año, de todos los años, de la vida entera, estos nunca se cumplen y, por lo mismo, los resultados son catastróficos.
Ahora mismo, el Ecuador atraviesa serias dificultades por el duro invierno: personas fallecidas, casas arrasadas, familias damnificadas, ciudades inundadas, carreteras interrumpidas, cultivos perdidos, animales muertos, cortes en los servicios de luz y de agua, etcétera, y, al parecer, a priori un solo culpable: el gobierno central, no solo el actual también todos los anteriores. Sí, si tiene en parte responsabilidad porque los ministerios tienen que oportunamente actuar, especialmente los de Transporte, Agricultura, Salud y Desarrollo Humano, pero recae mayormente el peso en las prefecturas y alcaldías, que son los gobiernos de plena competencia para garantizar el buen vivir de los ciudadanos. Sus autoridades fueron elegidas luego de ofrecer “solución definitiva” para todos los problemas. Y claro, también, inmensa responsabilidad recae sobre sobre los mismos ciudadanos, contribuyentes extraordinarios para que sus urbes se inunden al depositar en alcantarillas y en canales miles y miles de toneladas de desperdicios, que pueden ir desde una hoja de afeitar hasta un camión chatarra, taponando los desagües. O asentando sus viviendas, legales e ilegales, en lugares peligrosos: cerros susceptibles de deslaves y orillas de ríos y quebradas.
Las penurias económicas de aquí no son las mismas de allá y, por consiguiente, vale hacer conciencia de lo imprescindible que es manejar con honradez, prudencia y calidad los recursos económicos, para que estos sirvan efectivamente en el momento de la emergencia. Las ordenanzas de uso de suelo deben ser de severo cumplimiento. Los gobiernos centrales no deben ser indolentes. Si no se hacen las cosas como corresponde, ya sabemos qué va a seguir pasando con este invierno, con el que viene y con todos los demás.
