Las acciones principales de alto impacto son:
- Suspensión de leyes de alto impacto (agosto de 2025): la Corte Constitucional suspendió provisionalmente artículos de la Ley de Solidaridad Nacional, Ley de Inteligencia y Ley de Integridad Pública, por vicios en la unidad de materia, publicidad y deliberación democrática. Esto detuvo reformas que buscaban combatir la economía criminal y regular contrataciones públicas.
Además, la Corte ha mantenido un control estricto sobre los decretos de estado de excepción (como los 275 y 250), declarándolos desfavorables o inconstitucionales por no justificar debidamente la falta de mecanismos ordinarios.
La Corte Constitucional (CC) del Ecuador ha frenado la gestión del presidente Daniel Noboa en 2025 mediante la declaración de inconstitucionalidad de leyes clave (como la de Integridad Pública) y la limitación de estados de excepción. Además, suspendió el Decreto 148 sobre consulta popular y acumula demandas contra normas de inteligencia y áreas protegidas, limitando la capacidad de acción del Ejecutivo.
Resoluciones clave de la Corte Constitucional (2025):
- Sentencia 52-25-IN/25 – Ley de Integridad Pública: declarada inconstitucional por violación de la forma, unidad de materia y falta de deliberación democrática.
- Dictamen 3-25-EE/25 – Estados de excepción: aprobación parcial del Decreto 599. La CC rechazó incluir centros de privación de libertad y ciertas zonas (Camilo Ponce Enríquez), y vetó la suspensión de derechos como la libertad de reunión.
- Suspensión del Decreto 148: acciones de inconstitucionalidad detuvieron la convocatoria a consulta popular planteada por el Ejecutivo.
- Demandas en trámite: existen 29 demandas contra las leyes de Inteligencia, Áreas Protegidas, Transparencia Social y Sostenibilidad Crediticia, con demoras en sentencias que generan incertidumbre jurídica.
También es necesario advertir que la Corte Constitucional declararía que la desaparición forzosa, la detención de los cuatro niños y su vil asesinato constituyen un crimen de lesa humanidad.
El dictamen de la Corte Constitucional sobre el acuerdo de inversiones con Emiratos Árabes Unidos vulnera el numeral 7 del artículo 419 de la Constitución, que se refiere a la prohibición del arbitraje internacional.
Y, por último, no está clara la venta de la mina Cascabel a China, adquirida a través de un acuerdo de más de 1.100 millones de dólares. La operación se cerró a un precio de 28 peniques por acción en efectivo, lo que valora a SolGold en 867 millones de libras esterlinas (aproximadamente 1.160 millones de dólares).
Estas acciones muestran un control estricto sobre las reformas legales y las medidas de emergencia del gobierno, y dan la sensación de que la Corte Constitucional maneja una agenda propia, mientras que ciertas acciones del Ejecutivo abonan para que la oposición política insista en la muerte cruzada o en la revocatoria del mandato del presidente Noboa.
