El término proviene de la obra del escritor Franz Kafka, especialmente de su novela El proceso, donde una persona es acusada y atrapada en un sistema judicial absurdo, lleno de trámites interminables, reglas incomprensibles y autoridades que nadie logra identificar claramente.
Muchos ciudadanos sienten que algo parecido ocurre en nuestro país, Ecuador, y es una realidad difícil de ignorar.
Cuando hablamos de un sistema jurídico “kafkiano”, nos referimos a una burocracia que parece un laberinto.
Te explico: un ciudadano inicia un trámite o un proceso, pero, en lugar de encontrar soluciones claras, se enfrenta a una cadena de requisitos, observaciones, apelaciones, revisiones y nuevos requisitos. Cuando parece que todo está cumplido, aparece una nueva interpretación, una nueva formalidad o un nuevo obstáculo.
Este fenómeno se vuelve especialmente delicado en el ámbito político y electoral. No son pocos los casos en los que candidatos, movimientos o iniciativas ciudadanas encuentran dificultades para inscribirse o participar, no necesariamente por falta de apoyo popular, sino por interpretaciones burocráticas, formalismos excesivos o procedimientos que cambian sobre la marcha.
Entonces ocurre algo preocupante: la política deja de resolverse en el debate democrático y empieza a resolverse en los escritorios, en los expedientes y en los formularios.
El problema no es que existan normas. Las normas son necesarias para garantizar orden y transparencia. El problema aparece cuando la norma se convierte en un instrumento de bloqueo, cuando el procedimiento pesa más que la voluntad ciudadana o cuando la interpretación administrativa termina siendo más poderosa que el voto.
En ese momento, la gente empieza a sentir que está frente a una justicia distante, fría y difícil de entender, donde el ciudadano común se pierde entre reglamentos, observaciones y recursos que parecen no terminar nunca.
A eso se le llama, justamente, un sistema kafkiano: un sistema donde el ciudadano ecuatoriano, en toda la administración pública —incluidos los organismos seccionales—, siente que está dentro de un proceso, pero no sabe cuándo empezó, quién lo decide ni cuándo terminará.
¿Sabían, compatriotas, que en Ecuador existen aproximadamente 21.200 normas entre vigentes, semivigentes y contradictorias, empezando por la Constitución de 2008?
El gran desafío del Ecuador no es tener más trámites ni más reglamentos, que incluso superan la lógica de la pirámide de Kelsen: Constitución o norma fundamental; tratados internacionales; leyes orgánicas y ordinarias; decretos y reglamentos; sentencias, contratos y actos administrativos —normas individualizadas que, en el papel, aplican la ley a casos concretos—. De Ripley.
El verdadero desafío es tener instituciones claras, procesos simples y reglas previsibles, donde la ley sirva para garantizar derechos y no para convertir la participación ciudadana en una carrera de obstáculos.
Porque en una democracia sana, la última palabra no debería tenerla la burocracia.
La última palabra siempre debe tenerla el pueblo.
