Para elegir a las autoridades seccionales —y en especial a alcaldes y prefectos—, en mi provincia de Imbabura y particularmente en el cantón Antonio Ante, deberíamos aplicar concursos de méritos y oposición. Ese sería el camino correcto para seleccionar a los mejores.
Pero la realidad es otra.
En los procesos electorales, tanto nacionales como seccionales, hemos llegado a un nivel de desvergüenza institucional que toca fondo. Hoy vemos, con preocupación, cómo se conforman los perfiles de candidatos a alcaldes, alcaldesas y juntas parroquiales: casi no encontramos títulos profesionales registrados; la experiencia en administración pública o privada apenas alcanza un mínimo porcentaje; no existe gestión pública relevante, ni trayectoria sólida en participación ciudadana, ni lucha contra la corrupción, ni producción académica, ni especialización seria.
Eso sí, abundan las alianzas con partidos tradicionales que han convivido con la corrupción y que hoy se sostienen con estructuras políticas cuestionadas.
En sus carpetas encontramos innumerables cursos virtuales, muchos de esos realizados sin rigor. Un par de “reconocimientos” entregados por fundaciones que reparten diplomas con palabras como “excelencia” y “ética”, impresas en letras elegantes, pero vacías de contenido real.
El resultado, evaluando seis administraciones municipales, es preocupante: 17,5 sobre 50 en méritos. En cualquier universidad seria, eso significa reprobar el año, con honrosas excepciones.
En términos sencillos: muchos de nuestros candidatos no acreditan méritos suficientes. Y aun así, ocupan espacios donde deberían estar personas con trayectoria, solvencia moral, prestigio y conocimiento profundo del sistema económico, penal y laboral; personas capaces de comunicar con claridad y gobernar para resolver los problemas de la gente, no para proteger intereses corporativos ni alianzas políticas coyunturales.
En Antonio Ante no se está seleccionando a los mejores, sino a los funcionales. A los dóciles. A quienes no incomodan. A quienes saben exactamente a quién obedecer.
De cara al 2027, el país tendrá que decidir si continúa con las mismas prácticas o si rompe con las alianzas contra natura que solo perpetúan el mismo modelo.
Por eso, desde RAÍZ CIUDADANA, si se nos permite participar, empezaremos desde cero: con equipos técnicos probados, planificadores territoriales, profesionales competentes y, sobre todo, personas con ética y moral firmes.
La participación ciudadana no puede seguir siendo un discurso vacío. Debe convertirse en acción responsable, transparente y técnica.
