Zeus, dios supremo de la mitología griega, aprobó la decisión adoptada por Alejandro Magno, en el 333 a.C., que, ante el reto de desatar el nudo que el rey Gordio había hecho para asegurar su carreta, atando la lanza y el yugo sin los cabos visibles, volviendo imposible liberarla, tomó su espada y de un solo golpe lo logró expresando: “es lo mismo cortarlo que desatarlo”. La leyenda viene oportuna y podría ser que literalmente practicada sea solución efectiva para resolver, por ejemplo, lo que ahora mismo sucede con la designación del nuevo fiscal general y las fundadas sospechas de que el elegido sea “hijo” del poder político o del crimen organizado, como supone el jurista Felipe Rodríguez Moreno.
En este abril se cumple un año de retraso en la designación del titular de la fiscalía y pese a los anuncios de que este se posesionaría en agosto próximo, con seguridad la fecha tampoco se cumplirá. ¿Por qué?, porque el proceso que lleva adelante el Consejo de Participación Ciudadana ofrece una única certeza: la desconfianza total, como en todos sus actos. La Comisión Ciudadana de Selección, encargada del concurso público de méritos, oposición e impugnación, nació con severos cuestionamientos, tan desacreditada como el propio organismo nominador y, entonces, no faltarán acusaciones, filtraciones, denuncias, palanqueos, apelaciones, descalificaciones, cuanto más si con mucha antelación, argumentando que el “Ecuador es un país previsible”, el profesor, politólogo y analista Santiago Basabe, afirma que “se sabe ya que el próximo fiscal será alguien sumiso a quien detente coyunturalmente el poder político”.
Los nombres de los postulantes al alto cargo no sorprenden, como tampoco el hecho de que los más idóneos, por temor a ser desaparecidos, por no estar dispuestos a la manipulación de nadie, por no ser calificados como corresponde, por no ser objeto de burdas trampas, etcétera, no participan en el concurso y este acusa una orfandad altísima de calidad.
A estas alturas, sin embargo, no sirve el lloriqueo. Hay que ir a la solución real. Eso implica la desaparición del Consejo de Participación y hasta que eso suceda quitarle la atribución de elegir autoridades para que la elección del fiscal general la realice la Asamblea Nacional sobre ternas propuestas por los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Los nombres que integren las ternas deberán ser el resultado de una rigurosa, pulcrísima y especializada selección por parte de veedurías relacionadas directamente, por ejemplo, con las universidades y los colegios de abogados del país, representados por el Consejo de Educación Superior y la Federación Nacional de Abogados. Con estas, nuevas y mejores ideas, de una vez por todas, se puede acabar con el nudo gordiano que tanto daña al Ecuador.
