13 marzo, 2026

Institucionalidad: la suma y resta entre un poder corrupto y una justicia tarifada

La búsqueda del poder para hacer el bien es encomiable. La medida en que ese poder es procurado, asumido y revertido políticamente —en términos relativos o absolutos— genera criterios diversos en una sociedad literalmente desinstitucionalizada, carente de un verdadero Estado de derecho y sin visos de una sistémica recuperación económica.

Las fuerzas del mercado, por ejemplo, compiten racionalmente —a través de un poder relativo— por un posicionamiento preferencial de sus productos en las perchas de los supermercados. Si alguien tuviese un poder absoluto, el consumidor estaría abocado a aceptar lo que su titular decida sobre su comercio al precio que lo demande. Este absolutismo, en la práctica, eventualmente se extendería más allá de la libertad de consumo.

Este ensayo sobre poderes podría también aplicarse a un sistema judicial en el que los jueces determinan un valor económico a ser pagado —incluso para fallar en derecho— en la administración de justicia. Esto hace rato ocurre en el país bajo la anuencia de un poder político absolutista cuya temporalidad está marcada por una interminable cadena de detentores de dicho poder.

Las buenas intenciones de unos pocos resultan incómodas a un poder constituido, carente de toda voluntad política, para reestructurar la justicia con una dinámica sin temor ni favor en pro de la institucionalidad. La democracia precisa de pesos y contrapesos para funcionar plenamente. Esto no es metáfora, es la cruda realidad: el poder absoluto corrompe absolutamente. ¡Ecuador, ser o soñar ser!



1 comentario

  1. Fernando no comprendo bien esta parte: Las buenas intenciones de unos pocos resultan incómodas a un poder constituido carente de toda voluntad política. Puedes explicarme si te refieres a unos pocos caso particular o existen muchos casos de personas bien intencionados que no son atendidas

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