Haya sido por la protesta y presión mediática independiente nacional e internacional o haya sido por propia iniciativa institucional, las Fuerzas Armadas (FF.AA.) han dejado sin valor la aplicación de lo que habían denominado como “Procedimiento de Acreditación, Evaluación y Gestión Estratégica de Medios de Comunicación para todos los eventos institucionales organizados por las Fuerzas Armadas”. Sin embargo, cuando se aclara que el documento remitido por el comandante General a los comandantes de las 3 ramas (Terrestre, Aérea y Naval), había sido preparado en el marco del conflicto armado interno, destaca el hecho de que se lo hizo para que sea revisado, analizado y observado si fuere el caso. Es decir, ahora no está vigente, pero podría ponerse en ejecución más adelante, según se entiende.
De la aclaración se colige, también, que el documento fue filtrado a conocimiento público sin autorización expresa, más no sería apresurado pensar en que se lo hizo deliberadamente como globo de ensayo para medir la reacción mediática, política y popular. Sea cual fuere la verdad, el instructivo de marras contenía una serie de despropósitos tales como: acreditación y selección de medios, prevención sobre medios y comunicadores cuya actuación reiterada resulte perjudicial para la institución, procedimiento interno de evaluación de los medios y su línea editorial, ficha de control estratégico para medios no afines, inclusión de medios con indicadores cuantitativos y cualitativos.
Según el Comando Conjunto el documento en cuestión no vulnera la libertad de expresión, no restringe el trabajo periodístico ni establece criterios discriminatorios para los medios o el ejercicio periodístico profesional, pues, simplemente, se trataba de establecer parámetros para fortalecer las condiciones de seguridad de las instalaciones, del personal militar y civil, de los asistentes en general y, principalmente, de la confidencialidad y la seguridad en el desarrollo de las operaciones militares. Es correcto que las FF.AA., para su funcionamiento, tengan un régimen especial de privacidad, pero de allí a pretender normar el trabajo de los medios y de los periodistas sólo puede interpretarse como un claro atropello a las libertades de prensa y de expresión y con ello a la democracia que, se asegura, se vive en Ecuador.
Corresponde al presidente de la República, comandante en jefe de las FF.AA., impedir cualquier intento de menoscabar la labor de los medios y de los periodistas. Debe, entonces, ordenar que todas las acciones de las FF.AA. sean transparentadas, cuanto más si una u otra es motivo de sospecha o denuncia grave. Así, siempre los ecuatorianos estarán debidamente informados. Cuando se trate de acusaciones sin pruebas, de infamias o calumnias, el camino es la ley.
Jorge, estamos en guerra con las narco mafias, si pides transparencia en las operaciones no habrá sorpresa, Vivimos condiciones excepcionales. Al ver la televisión y la exposición excesiva pienso que de qué valen esos operativos cuando los sueltan al día siguiente. Lo importante es terminar con el entramado jurídico de Rafael Correa que es una camisa de fuerza a quien gobierne, no importa quien sea. El ejército de Israel debería ser nuestro modelo.